La interventora emite un informe demoledor sobre irregularidades internas en el Concello de Sarria
SARRIA
Registra la ausencia de procedimientos de contratación de personal tanto en el Ayuntamiento como en la residencia de mayores, recurriendo incluso a la vía verbal, y anomalías en la justificación de las subvenciones
25 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La interventora del Concello de Sarria realizó el informe anual sobre las anomalías en materia de ingresos del gobierno local porque en el pleno de este jueves se dará cuenta de modificaciones de crédito. Las conclusiones de la interventora registran infracciones e irregularidades en los procesos de contratación de personal tanto del Concello como de la residencia de mayores, de titularidad municipal.
La intervención municipal formuló reparos en más de 60 ocasiones sobre trámites del Concello que contenían irregularidades, pero que el alcalde, Claudio Garrido, y en tres ocasiones el pleno, decidieron mantener. La mayoría consisten en trámites de contratación de servicios o de personal, aunque también hay subvenciones. Estos procedimientos que intervención describe suponen gastos que van desde una partida de 200 euros, a de 380.000, como un caso de personal que la interventora menciona. Sobre las partidas para la contratación de empleados, apunta irregularidades como la «ausencia de procedemento de contratación» o la «omisión de requisitos o trámites esenciales». En el caso de las subvenciones, registra «graves irregularidades na documentación xustificativa do recoñecemento da obriga».
Es decir, la interventora concluye que el Concello de Sarria actúa con una «débil planificación» en materia de contratación administrativa que produce una tramitación defectuosa de los expedientes y rompe «os principios de libre competencia». La gestión del personal por parte del gobierno de Sarria «non está sistematizada» y aplica «diferenzas de criterios», además de que no cuenta con convenio colectivo de personal laboral.
Residencia de mayores
El informe de la residencia de mayores es igual de demoledor. El organismo cuenta con 19 reparos de intervención, todos sobre la contratación y el personal. El gasto de los trámites del responsable de la residencia llegan a alcanzar los 100.000 euros. Y las objeciones de la interventora son, de nuevo, la «omisión de requisitos ou trámites esenciais» y la «ausencia de procedemento de contratación». Las conclusiones apuntan, en primer lugar, a que la estructura de la residencia está «incompleta», especialmente en los órganos directivos y la estructura administrativa económico-financiera, de la que carece.
Por otra parte, destaca una «absoluta ausencia de procedementos, recorrendo á contratación verbal e reducíndose os expedientes á mera tramitación de facturas». Además, el informe dice que los gastos de suministro eléctrico y telecomunicaciones de la residencia están domiciliados en el banco y se pagan sin autorización de intervención, lo que también vulnera el procedimiento legal, concluye.