La decisión de Macron de suprimir el impuesto de solidaridad que grava las rentas más altas por una tasa sobre los inmuebles ha desatado una tormenta política en el país
08 oct 2017 . Actualizado a las 18:11 h.El impuesto de solidaridad sobre la fortuna dejará de ser un quebradero de cabeza para más de un millonario en Francia. A partir del próximo 1 de enero, Emmanuel Macron cumplirá con una de sus más polémicas promesas de campaña: transformar esta tasa en un «impuesto sobre la fortuna inmobiliaria», exonerando de pagar a casi la mitad de los millonarios galos. Hasta ahora, el impuesto se aplicaba a cerca de 343.000 unidades familiares cuyo patrimonio sobrepasa los 1,3 millones de euros (menos del 1 % del total en Francia), aportando al Estado unos 4.100 millones de euros. Sin embargo, la reforma del centrista dejará fuera del cálculo todos los bienes móviles, así como las inversiones, acciones o seguros de vida. En consecuencia, el número de contribuyentes caerá a 198.000, un 40 % menos, creando un hueco en las arcas públicas de unos 3.200 millones de euros.
Además de dejar fuera el patrimonio móvil, Macron conservará las ventajas fiscales que ya estaban incluidas en la ley de su predecesor, François Hollande: al valor de la residencia principal se descontará un 30 %, el patrimonio profesional no entrará en el cálculo y tampoco los bienes en el extranjero de las personas cuyo domicilio fiscal no esté en Francia. La tasa también seguirá siendo progresiva. Las cantidades entre 800.000 euros y 1,3 millones tendrán una tasa del 0,5 %, que aumentará progresivamente hasta el límite del 1,5 % para las fortunas de más de diez millones de euros. La reforma significará un ahorro de unos 3.900 euros para los hogares cuyo patrimonio no exceda de los 1,5 millones de euros, pero el beneficio para las mayores fortunas del país podría superar varias decenas de miles de euros, ya que cada millón exonerado supondrá un ahorro de 15.000 euros.
Según explicó el ministro de Finanzas, el conservador Bruno Le Maire, el objetivo de la medida es motivar a las grandes fortunas a invertir en «la economía real» en lugar de los bienes inmobiliarios para librarse del impuesto. Sin embargo, algunos expertos ya han alertado de que la reforma podría ahuyentar a los inversores inmobiliarios. «Se alimenta la idea según la cual el inmobiliario es improductivo, olvidando que los propietarios alojan un 23 % de los hogares franceses y llenan las arcas del Estado con varias decenas de millones de euros al año», lamentó Sébastien de Lafond, presidente y fundador de Meilleursagents, la agencia número uno de estimación de precios inmobiliarios en Francia.
Este verano, el Gobierno liderado por el también conservador Édouard Philippe se quejaba de que faltaban «150 millones de euros en el presupuesto», de un total de 4.000 millones. Para tapar el agujero, el Ejecutivo optó por recortar cinco euros a todas las ayudas a la vivienda, destinadas a los hogares más humildes.
Pese a que la media de las prestaciones es de 225 euros, el recorte, aunque pequeño, desató la polémica y sus críticos no tardaron en compararla a la reforma del impuesto de solidaridad sobre la fortuna. La bajada de las prestaciones representará un ahorro para el Estado de unos 2.000 millones de euros, aún lejos de los 3.200 millones que se ahorrarán el 1 % de las familias más ricas de Francia.