Hace poco más de una semana, el presidente del BCE, Mario Draghi, se pronunció de un modo bastante radical a favor de una subida de salarios en Europa. A pesar de que en algunos sectores esa declaración causó sorpresa (seguramente porque no estamos acostumbrados a que los banqueros centrales tengan esas posiciones), lo cierto es que tal planteamiento está perfectamente en línea con lo que Draghi viene reclamando desde hace años: la necesidad de introducir en la economía mecanismos que permitan consolidar una recuperación económica que, en el entorno europeo, descansa todavía sobre unas bases muy frágiles. Y más aún cuando los célebres vientos de cola van convirtiéndose en ligera brisilla, que parece, además, que no tardará mucho en cesar por completo.
Lo que Draghi pide para el conjunto de la eurozona, en España en particular parece ser una necesidad ya impostergable. Porque nuestro país ha sido -junto con Grecia- el único del área que en el 2017 no había recuperado el nivel de los salarios previo a la crisis, y ello a pesar de que la reactivación del crecimiento ha consumado su cuarto año. A pesar de algunas diferencias en las fuentes estadísticas, el recorte salarial medio entre 2008 y 2015 superó el 7,6 %. Toda una línea de devaluación salarial que ha traído un proceso redistributivo a favor de las rentas del capital: si en el arranque de la Gran Recesión las procedentes del trabajo rondaban el 50 % del ingreso nacional, hoy representarían apenas el 47 %.
Un problema adicional, pero de gran trascendencia, es el del reparto interno de esa devaluación, es decir, cómo ha incidido sobre los diferentes tipos de salarios. El verdadero problema, la caída intensa, ha estado en los muchos trabajadores que perdieron su antiguo puesto de trabajo, para encontrar otro manifiestamente por debajo de aquel en condiciones y remuneración. Según un trabajo publicado el año pasado por Funcas (Javier Fernández Kranz, Los salarios en la recuperación económica), los contratos de trabajo nuevos incorporan unas remuneraciones que están un 23 % por debajo de los que se firmaban antes de la crisis. La jornada parcial, la temporalidad y el despido más fácil ha traído esta situación de clara escisión entre los asalariados, con dos partes bien diferenciadas: la de quienes mantuvieron su viejo empleo y los que se vieron obligados a cambiar, ganando los primeros un 73 % más que los segundos. Ello sin mencionar las grandes diferencias por edades: los jóvenes son desde luego los penalizados en mayor medida.
La evolución de los salarios en España ha generado, por tanto, dos problemas diferentes. Por un lado, es una cuestión de justicia distributiva, que va muy asociada al aumento de la desigualdad y la pobreza. Y segundo, un problema macroeconómico: la capacidad de gasto de sectores muy importantes de nuestra sociedad -y por tanto, la fuerza del consumo como variable agregada- ha estado muy limitada durante todos estos años por la manifiesta parvedad de los salarios.
Por eso cabe saludar con aplauso el acuerdo a que han llegado los agentes sociales en los últimos días: dos objetivos de primer orden para la sociedad española en estos momentos (la lucha contra la desigualdad y la consolidación del crecimiento interno) se verán simultáneamente favorecidos. Se hace además, y esta es quizá su primera virtud, por la vía del amplio acuerdo social, algo que casi habíamos olvidado. Y se modula de forma inteligente para que sirva, sobre todo, para subir las retribuciones más bajas, pero sin perder de vista la relación con la productividad. Un acuerdo inteligente y muy positivo que, eso sí, ha tardado demasiado en llegar.