Alcoa, Cemex, Vestas, La Naval, Gamesa. El cierre de fábricas arrecia y las multinacionales avisan. El alto precio de la luz, el alza del salario mínimo y la presión fiscal dispararán los costes de producción y las deslocalizaciones.
20 abr 2019 . Actualizado a las 21:10 h.En la era de los datos, todo se puede medir con números, incluso eso tan abstracto que las empresas llaman competitividad. La coctelera big data en la que las empresas meten costes fijos como la energía o la mano de obra; los impuestos que pagan y los incentivos que perciben, una vez bien agitada, configura un mapa de los lugares en donde la producción sale más rentable, y en ese plano a España hay que verla ya con lupa.
Los cierres anunciados en las últimas semanas dejan patente un problema de falta de competitividad de un sector clave para la economía españolas, que genera casi el 17 % del PIB.
Esta mes ha sido el más negro en lo que va de año, con el anuncio de un plan de despidos de casi 900 empleos: Los 686 que pretende finiquitar Alcoa en Galicia y Asturias y otros 200 que prevé amortizar Cemex en Almería y Baleares.
Hace pocas semanas Vestas decidía clausurar su planta de León y liquidar a casi 400 trabajadores al margen de otros 180 eventuales sin renovar. Meses antes había cerrado su fábrica de Tarragona, con el consiguiente ajuste de 44 empleados. Otro que está negociando el fin del contrato de sus 180 trabajadores es Construcciones Navales del Norte. La Naval de Sestao (Vizcaya) se encamina a la liquidación tras varios años de pérdidas.
Resistir no es competir
Los cierres se han recrudecido este otoño, pero ya a principios del 2018 Siemens Gamesa decidía no volver a producir más en Miranda de Ebro, lo que le llevó a negociar el fin de su relación laboral con los 134 trabajadores de su planta burgalesa. Son 1.800 empleos a desaparecer, pero detrás hay otros miles que desaparecerán de forma indirecta. Y el horizonte no es para tirar cohetes, con empresas como Tubos Reunidos con serios problemas de continuidad que han abocado a la dimisión de su presidente esta misma semana.
Esto ocurre cuando la industria, que en Galicia parecía bien encarrilada hasta el golpe de Alcoa, aún no se ha recuperado del batacazo que sufrió durante los años de crisis, con el cierre de 49.500 empresas del sector manufacturero y la destrucción de medio millón de empleos.
La comunidad gallega fue una de las más afectadas por la crisis de la construcción naval, y por la deslocalización de empresas proveedoras del automóvil. También el textil tuvo que extirpar su actividad productiva y externalizarla a países de costas más bajos para seguir manteniéndose.
Hoy, buena parte de los astilleros y la industria auxiliar están en condiciones de seguir aguantando; y la automoción, que mantiene una dependencia todavía vital del grupo PSA, se ha asegurado actividad con los nuevos modelos hasta el menos el 2028. Pero una cosa es resistir y otra cosa es tener beneficios, capacidad de inversión y generar valor.
Volviendo a los datos, hay uno de esta misma semana que habla por sí solo. El índice de precios industriales (IPRI) registró un incremento interanual del 5,2 % en septiembre, como consecuencia un mes más del encarecimiento de la energía derivado del alza de la producción, transporte y distribución de electricidad.
De acuerdo con los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), por encima de la media nacional avanzaron los precios industriales en Canarias (13,3 %), Murcia (8,5 %), Castilla-La Mancha (7,4 %), Madrid (5,9 %) y Galicia (5,3 %).
Una mala noticia, que viene a darle parte de razón a Alcoa, cuando argumenta, como motivo del cierre, que el precio de la energía eléctrica supone a la empresa hasta un 40 % del coste de la producción de alúmina y aluminio. Independientemente de que ha recibido alrededor de 1.000 millones de euros en los últimos 10 años para rebajar su factura eléctrica y que en la actualidad abona 4 céntimos por kilovatio hora, cinco menos que el resto de la industria, el resultado es el que es: el desmantelamiento de las fábricas localizadas en A Coruña y Avilés y 700 familias en paro.
Políticas más favorables
En todo caso, la factura eléctrica no es la única causa de una decisión de cierre que llevaba años gestándose. Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros )y la Cámara de España acaban de publicar un informe titulado Innovación y competitividad: retos para la empresa y la industria española, que pone el foco en tres factores.
El primero de ellos es el entorno, ya que España «no cuenta con un ambiente adecuado porque la educación no funciona y no hay una inversión adecuada en I+D», dice.
El segundo es la competencia real, «ya que encontramos problemas en la regulación del mercado internacional»; y por último señala «el funcionamiento interno de las empresas».
El propio director general de Funcas, Carlos Ocaña, constata que «las empresas españolas tienen un problema con la productividad, ya que crece muy por debajo de los países con los que compiten».
Dice Ocaña que estos problemas no son de ahora. «Antes de la crisis la productividad de la industria española crecía un tercio menos que las empresas de la Unión Europea, mientras que en el período del 2013 al 2017, las compañías españolas solo han aumentado la productividad la mitad en comparación con el entorno europeo», sentencia.
Dice la patronal CEOE que a esta coyuntura adversa, arrastrada ya de atrás, no contribuyen las propuestas del actual Gobierno de elevar el salario mínimo, aumentar la presión fiscal a los beneficios de las empresas o seguir recargando con impuestos medioambientales sus costes de producción.
Objetivo, buscar el mayor beneficio, al menor coste
Por el mismo trabajo que se hace en España, en China o en India un empleado cobra cinco veces menos. El coste salarial es una de las principales razones que llevan a las multinacionales a llevarse su producción a otro país. Un informe de la Universidad Internacional de Valencia concluye que el 33 % de las multinacionales que se deslocalizan, lo hacen porque quieren obtener así ventajas fiscales y salariales.
Dice este estudio que toda deslocalización, que se produce sobre todo para abaratar costes, es cíclica, y sus destinos evolucionan. Al igual que España fue el paraíso de las multinacionales del automóvil en la década de los años 60, con las políticas desarrollistas de la dictadura; hoy los destinos de las inversiones los sigue marcando la política. «Entonces, los costes, al deslocalizar tanto los procesos como las empresas, se aligeran o se abaratan más en países en vías de desarrollo», añade el estudio.
Las empresas buscan países donde obtener el máximo beneficio al menor coste. UGT viene a concluir en otro estudio sobre la materia que las empresas utilizan la deslocalización, digamos, como «chantaje» ante cualquier negociación salarial. «Se presiona, por parte de las multinacionales a los Gobiernos y a las propias plantillas», señala, citando como ejemplo los recortes salariales que se han aplicado en las fábricas de coches en España a cambio de la concesión de nuevos modelos.