A pesar de la mejoría del mercado laboral, en Galicia hay 1,3 cotizantes por pensionista. La demografía no ayuda y la factura de las pensiones supera por primera vez los 9.300 millones
26 jul 2019 . Actualizado a las 11:45 h.Cada vez hay menos trabajadores y sus empleos son cada vez más precarios. Es el escenario que marca el futuro de las pensiones. La Seguridad Social no deja de perder ingresos y el último mazazo demográfico confirma que la tendencia no mejora. Galicia tiene ya menos de 2.700.000 habitantes. Es decir, el censo de 1972. Desde hace 30 años mueren más de los que nacen.
En Galicia se pagan en total 760.000 pensiones. Es decir, hay 1,3 cotizantes por jubilado. La media española son 2,2 por pensionista.
El 2018 se cerró en España con un gasto en pensiones mensual de 9.300 millones de euros, 6.600 en jubilaciones. Un 4,92 % más que en diciembre del 2017. La diferencia entre ingresos y gastos es de más de 4.500 millones. «La demografía influye, pero el problema es económico. Nuestro mercado laboral es incapaz de generar rentas que autofinancien el actual sistema de pensiones contributivas», explica Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo. «Hacen falta empleos de calidad, que posibiliten remuneraciones y cotizaciones más elevadas. El problema de las pensiones será mayor cuando se jubile la generación del baby boom: han tenido cotizaciones elevadas y durante muchos años. Hay que pagarles una pensión mayor». Y es que son muchos los que se cuestionan si, en el actual escenario, los hoy en día cotizantes tendrían que aportar más. «Urxe derrogar a reforma laboral e recuperar a causalidade na contratación. Non se trata de que todo o mundo achegue máis, senón de que sexa proporcional aos ingresos de cada persoa. Ademais, habería que penalizar a contratación temporal inxustificada», argumenta Maica Bouza, secretaria de Emprego e Previsión Social de CC. OO. de Galicia. «O principal problema da mocidade é a falta de emprego. Sen el, non hai proxecto de vida no presente, nin prestacións futuras», añade Bouza. Y es que más o menos afectados por la crisis, España sigue en el segundo puesto del ránking en desempleo juvenil de la UE, solo por detrás de Grecia. «El problema demográfico se veía venir y, con la crisis, ha ido a más. Las pensiones necesitan un auténtico pacto de Estado y en él habría que determinar si vamos hacia un modelo público de pensiones, mixto o privado. Aun así, hay que recordar que las pensiones están garantizadas por la Constitución», dice Carmen Judel, economista y socia del despacho Caruncho, Tomé y Judel.
Los reguladores no paran de lanzar advertencias sobre la situación de España, pero lo cierto es que la tendencia es y ha sido hasta el momento recortar gastos, en lugar de aumentar los ingresos. Y eso, en un país con más de 8,7 millones de pensionistas, es urgente. La Seguridad Social ingresó en el 2017 18.800 millones de euros menos de lo que gastó en pensiones. De los casi 67.000 millones que acumuló la hucha de las pensiones, quedan unos 8.000. ¿Será inevitable que las pensiones se completen con los llamados y publicitados planes de previsión social complementarios? «Hay tres vías de ahorro: las pensiones públicas, los planes de pensiones empresariales y los planes de pensiones individuales. Son complementarios, pero nunca una alternativa. El problema es que solo un 10 % de los asalariados en España cuenta con un plan de empleo y únicamente el 20 % tiene contratado algún plan de previsión social», dice Alberto Vaquero, que apunta a Holanda, Dinamarca o Suecia como ejemplos de países donde el plan de previsión empresarial es casi obligatorio. «Coa desvalorización salarial e a perda de emprego, parece unha tomadura de pelo falar de plans de pensións privados. En todo caso, son complementarios. Hainos e podería haber máis en empresas que están a obter beneficios. Esa tamén é unha fórmula para remunerar o traballo», comenta Maica Bouza. «Lo que no te pueden decir es que cambian las reglas del juego y que ahora la jubilación hay que completarla con inversión privada. La mayoría de los trabajadores no pueden con la vida diaria, como para aportar para su jubilación», dice Judel.
El retraso en la edad de jubilación está en marcha de diferentes formas. En el 2027 la edad para retirarse será de 67 años. Eso, si no se han cotizado 38 años y seis meses. Se busca tener a los trabajadores más tiempo activos. Y eso que la aplicación del factor de sostenibilidad (desvincular la revalorización de las pensiones del IPC y calcular la prestación en base a la esperanza de vida) se retrasa hasta el 2023. «Hai que incrementar os ingresos con melloras no emprego, subindo as bases máximas, loitando contra a fraude e usando impostos como complemento», sentencia Maica Bouza. «Necesitamos trabajadores: empleo serio, conciliación y políticas de inmigración», apunta Carmen Judel. «Hay que reducir la temporalidad del empleo y crear puestos de calidad. Las pensiones no contributivas deben pasar a los Presupuestos y establecer líneas de cooperación entre el sector público y privado con sistemas de previsión social, tanto a nivel individual, con aportaciones del trabajador, como de la empresa», concluye Alberto Vaquero.
