Si las dificultades para alcanzar la investidura parlamentaria se superan, la sociedad española encarará durante los próximos años un desafío extraordinario. Una fórmula de Gobierno, la coalición de izquierdas, inédita en nuestra historia reciente y que por tanto tiene mucho de experimento, deberá hacer frente a retos muy distintos a los propios de una política normal; sobre todo el territorial, en el que dos furias nacional-populistas, la del secesionismo y la de Vox, no dejarán de azuzarse (y alimentarse) mutuamente.
Aunque no haya estado en primera línea durante el proceso electoral, probablemente sea en el terreno de la política económica donde en mayor medida se juzgue la gestión del nuevo Gobierno. Para que tenga una posibilidad de éxito la primera condición es que la política posea el suficiente grado de coherencia interna. Los dos partidos parten de programas diferentes en algunos aspectos clave, como qué hacer frente al mercado de trabajo: por ejemplo, la propuesta de la mochila austríaca de la ministra Calviño difícilmente tendrá cabida en el nuevo esquema de medidas. En todo caso, es obligado que la política económica sea unitaria; de no ser así, su fracaso es seguro. Es por ello que las dos fuerzas tienen grandes incentivos para superar a toda costa sus diferencias.
Suponiendo que efectivamente así lo hagan, en poco tiempo nos encontraremos con un programa que intentará combinar una mayor ambición de las políticas redistributivas y medioambientales con la ortodoxia macroeconómica. Esta última viene impuesta, ya no por una eventual presión de Bruselas, que tal vez sea menor de lo que inicialmente cabría pensar, sino porque los márgenes para lanzar políticas abiertamente expansionistas son limitados: aquí el dato fundamental, que sin duda estará iluminado con luces rojas en los despachos ministeriales, es el de la deuda externa bruta, que ya ha superado el 171 % del PIB.
Claro que será difícil evitar que algunas partidas de gasto se descontrolen. Por ejemplo, las debidas a presiones territoriales (como las ya famosas agendas regionales, planteadas como condición para un acuerdo parlamentario). Hay dos líneas, sin embargo, en las que el aumento del gasto debe ser bienvenido. La primera es la dinamización de la inversión pública sobre todo para hacer frente a los desafíos de la transformación digital y el cambio climático. En este punto debiera haber una complicidad con la nueva Comisión Europea, que parece haber entendido que esta es una vía estratégica para combatir las tendencias de fondo hacia el estancamiento en todo el continente.
La segunda prioridad del gasto es la social. No se olvide que España es uno de los países desarrollados en los que más ha crecido la desigualdad y la pobreza. Y recuérdese también que a todas horas oímos decir (al gobernador del Banco de Inglaterra o a la señora Botín, además de múltiples académicos) que es necesario afrontar las causas profundas del creciente deterioro democrático en todo el mundo. Pues bien, esta sería una coyuntura propicia para intentarlo en lo que a nosotros respecta.
Es evidente que, atendiendo a la estabilidad, todo eso no podrá afrontarse sin subir los impuestos. En realidad, la economía española requiere una profunda reforma tributaria, pero es improbable que ello ocurra con unas bases tan exiguas de consenso político. Más a ras de tierra, un alza de impuestos selectiva y con ambición redistributiva resulta imprescindible en la compleja ecuación de la política económica que viene. Una complejidad en la que -dejamos este punto clave para el final- tendrá mucho que ver la coyuntura internacional. Una grave recesión comprometería mucho las posibilidades de éxito de este experimento. Pero nada de eso está escrito. ¿Desafío, peligro, oportunidad? Máxima expectación.