Chile afronta su peor crisis en una década arrastrado por el grave conflicto social, que ya obligó a trasladar la Cumbre del Clima a Madrid y cuyo desenlace es ahora mismo incierto
22 dic 2019 . Actualizado a las 05:14 h.El estallido social chileno amenaza con desatar una crisis económica de enormes proporciones en el país andino. Los pronósticos financieros no son halagüeños. El índice mensual de actividad económica (Imacec), un dato que proyecta el PIB, descendió un 3,4 % en octubre en relación con el mismo período del año anterior. El dato ha hecho saltar todas las alarmas. Los expertos habían pronosticado un descenso de apenas un 1 %, pero la realidad superó las expectativas. «El estallido social y sus fuertes implicaciones para la economía están generando un mal clima para invertir en el país, y también están afectando al empleo», expone José Luis Ruiz, profesor de la facultad de Economía de la Universidad de Chile.
Las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera en demanda de un cambio de modelo económico en el país estallaron el pasado 18 de octubre y han dejado, al menos, 23 muertos. El descenso de la actividad económica registrado por el Imacec es el mayor desde el 2009, cuando Chile sufrió la sacudida de la crisis a nivel global desencadenada en primera instancia en Estados Unidos.
Muchos temen que la economía entre en recesión oficialmente. La previsión inicial apuntaba a que el PIB creciese un 2,6 % al finalizar el año, pero el pronóstico ha sido ahora recortado a un crecimiento de entre el 1 y el 2 %. El comercio, los servicios, la industria manufacturera y el turismo son los sectores más afectados por la crisis.
Un delicado momento social alimentado por graves disturbios, con saqueos y destrozos generalizados. Un buen número de los negocios localizados en las zonas de manifestación más populares han cerrado o han reducido jornada. Como resultado de todo ello, las ventas al por menor se redujeron un 12 % en octubre con respecto al año anterior, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La peor parte se la llevan las pymes. Al menos 22.000 pequeños y medianos negocios corren riesgo de declararse en quiebra por ese retroceso en las ventas. Esos problemas afectan, por supuesto, al empleo. Al menos 62.000 personas fueron despedidas en noviembre por causas vinculadas a necesidades de empresa, un 84,5 % más que en el mismo mes del 2018.
Pero podría haber muchos más despidos antes de que cierre el año. El ministro de Economía, Ignacio Briones, cree que hasta 300.000 personas podrían perder su trabajo por la crisis. «Las razones esgrimidas por los despidos son las menores ventas, la menor actividad y la menor cantidad de horas trabajadas», enumera Hugo Caneo, diplomado en Administración de Riesgos y docente de la Universidad de Chile. «Muchos comercios cierran en horario desacostumbradamente temprano, dada la incertidumbre del funcionamiento del transporte», añade el experto.
El ministro Briones anunció a principios de este mes la creación de un programa valorado en 5.500 millones de dólares para aumentar el gasto público, dar asistencia a pymes en riesgo, reconstruir el metro de Santiago de Chile y crear 100.000 empleos.
El Banco Central también ha respondido, insuflando 20.000 millones de dólares en el mercado cambiario para paliar la devaluación del peso chileno, que marcó el pasado 28 de noviembre su récord histórico con respecto al dólar. Un verde norteamericano se pagaba a 828 pesos ese día, 116 pesos más que al inicio de las protestas.
Las nuevas medidas estatales supondrán un aumento del gasto público del 9,8 % con respecto a lo presupuestado para este año, empujando el déficit fiscal al 4,4 % del PIB. Chile tiene margen de actuación, al cifrarse la deuda pública en un 25 % del PIB. «Además del estallido social, también nos afecta la guerra comercial entre EE. UU. y China, que nos perjudica especialmente al ser una economía pequeña y estar abierta al comercio hacia esos países. También nos afectan las bajas expectativas económicas en los productores y en los consumidores, lo que desalienta la inversión y el consumo, respectivamente», cree el economista Ruiz. «Se necesita urgentemente detener la violencia y volver a avanzar en lo económico, de manera que se puedan cumplir a su vez, y de la mejor manera, las demandas dignas de la sociedad», concluye el experto.