Dejando al margen el siempre escabroso asunto catalán, parece claro que donde el nuevo Gobierno se juega sus posibilidades de éxito es en la evolución de la economía. Y en ese terreno, quizá no tenga la mala suerte de encarar un escenario exterior decididamente adverso, de lo que tanto se hablaba hace no mucho tiempo. Las previsiones actualizadas de crecimiento en Europa, a partir del segundo semestre, están mejorando y algunas de las peores pesadillas de los gobernantes -como la generalización de guerras comerciales y tecnológicas- de momento han entrado en un estado de pausa.
En todo caso, la nueva política económica española debe discurrir por una fina línea de difíciles equilibrios entre tres factores ineludibles: primero, una estrategia social ambiciosa y la corrección de los sobreajustes producidos a partir del 2010; segundo, la reconstrucción de las bases para un crecimiento sostenible; y tercero, la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica. Sin lo primero, sería grande la decepción de amplios sectores sociales que respaldaron con sus votos a los partidos de izquierda, lo que reforzaría la crisis de representación. De las otras dos depende vitalmente el futuro de nuestra economía.
Por eso los nuevos equipos económicos -de cuya capacidad técnica, por cierto, no cabe dudar, si nos fijamos en sus trayectorias, en muchos casos muy brillantes- debieran prestar atención prioritaria a la solución de dos viejos problemas de la economía española: el deficiente comportamiento de la productividad y el peso enorme de la deuda.
Con respecto a la primera cuestión, nuestra economía viene lastrada desde hace bastantes años por la declinante evolución de la productividad total de los factores. Detrás de este hecho hay fenómenos muy diversos, algunos de los cuales se deben a lo que podríamos llamar cultura económica del país (por ejemplo, la tendencia al minifundismo empresarial), y son por tanto difíciles de corregir a través de intervenciones públicas. Pero hay otros que dependen de que exista voluntad política de solucionarlos.
Destaca la pobre inversión en tecnología. Es sencillamente inaceptable que, a pesar de los leves crecimientos de los tres últimos años, los gastos de I+D sigan representando un 1,2 % del PIB, cuando la media europea supera el 2 %. España es, hay que recordarlo una vez más, uno de los tres países de la UE que aún no ha recuperado el nivel de gasto previo a la crisis en este ámbito. Algo parecido ocurre con el otro factor que nunca falta al hablar de las posibilidades de crecimiento a largo plazo, el gasto educativo: caído su porcentaje al 4 % del PIB (frente al 4,6 en Europa), la propia Comisión ha llamado reiteradamente al orden al Gobierno español en este punto (véase por ejemplo su publicación Education and Training Monitor 2019). Viéndolo en positivo, y pensando más allá de lo inmediato, la economía española ofrece en estos aspectos tan decisivos algunos notables márgenes de mejora.
El segundo gran asunto es el de la deuda, sobre todo en lo que tiene que ver con dos datos: la deuda externa supera la tremenda cifra del 171 % del PIB, mientras que de la pública se espera ronde el 96 % en el 2020. Hay ahora una cierta tendencia a restarle importancia a los problemas de exceso de deudas, pues frente a un horizonte cada vez más consolidado de tipos de interés cero, sus costes son muy reducidos. Siendo esto cierto, y aun pensando que esa tendencia no va a ser revertida, de la crisis pasada debiéramos haber aprendido que una situación como la española representa un grave riesgo para el caso nada descartable de que las turbulencias retornen a los mercados. La deuda externa nos hace muy vulnerables.
Claro que todo eso al mismo tiempo -mejorar la productividad a través de más y mejores inversiones, reducir la deuda, además de aumentar el gasto social- nunca se podrá hacer si no se recauda más. Decir otra cosa, eso sí es populismo.