Las múltiples medidas financieras y sociales adoptadas por el Gobierno de España tienen un precio y ahora toca pagarlo. La pregunta es cómo. El presidente Sánchez habla de justicia social, apuntando directamente a ejecutivos, altos funcionarios y empresarios. Voces con menos cariz político apuntan a redefinir el marco fiscal. Entre todas destaca el informe sobre medidas tributarias ante la crisis, de Fedea, uno de los think tank más respetados de España. En este caso, con el interés adicional de que uno de los firmantes es un miembro del equipo económico del presidente. Sugieren, como medida temporal, la creación de un coronatributo, es decir, de un recargo en la escala del IRPF. La idea no parece mala: Alemania tuvo una similar en 1991 y la mantuvo vigente hasta hace un año. Una temporalidad de veintiocho años. Lo más mediático del informe es esa propuesta, aunque lo más interesante es observar que el supuesto de partida debe estructurarse, principalmente, sobre los impuestos de base amplia, es decir, debe pivotar sobre la Renta de las Persona Físicas, Valor Añadido y Sociedades. Ha de hacerlo ampliando las bases gravadas en el IRPF y en el IVA, lo que debería implicar eliminar el régimen de estimación objetiva (por módulos) de los rendimientos de actividades económicas en el IRPF y, en paralelo, el régimen simplificado del IVA. En Sociedades, nos recuerdan que la vía usada no debería alterar los tipos; de hecho, nuestra recaudación por este impuesto, en ratio sobre PIB, es muy simular a la de Alemania.
El camino a seguir es revisar las bonificaciones fiscales. En cuanto a la tributación del capital, llaman a una reforma integral que elimine el afán recaudatorio y la ubique en los parámetros europeos. En los impuestos sobre consumos específicos, es decir, bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles fósiles, proponen tipos de gravamen al alza, hasta aproximarlos a nuestro entorno. El mayor recorrido normativo lo ubican en los impuestos relacionados con el medio ambiente. El martes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra Montero se hacía con la propuesta estrella de Fedea e invitaba al PP a sumarse a ella. Lo que no aclaraba es si ve necesaria una reforma integral y cuáles deben ser sus ejes. Precisamente aquí está el epicentro de cualquier debate futuro. Por ello, lo natural es que Casado, para sentarse a negociar lo coyuntural, exija hablar también de lo estructural.
Hay que decidir si el eje central es estimular el crecimiento y con ello la recaudación o, por el contrario, poner en primer lugar las necesidades financieras de las administraciones públicas. Lo cierto es que, si abandonamos ideas felices, hay espacio para alcanzar ambas metas. La tributación medioambiental, la reforma de los tipos reducidos del IVA, la modificación de algunas de las bonificaciones fiscales de sociedades o el incremento de los tipos de algunos tributos especiales, como la gasolina y el diésel, permiten un evidente campo de mejora. Si a ello le sumamos, por un lado, medidas para incrementar el tamaño medio de las empresas y, por otro, reforzamos la agencia tributaria para reducir el fraude fiscal, encontraremos, con toda seguridad, un espacio de diálogo nacional. Un lugar de encuentro, capaz de impulsar nuestro sistema de protección social y generar crecimiento empresarial.