Hay dos maneras claras de enfocar un presupuesto. La primera es centrarlo en la presión fiscal, convirtiéndolo en una fuente de nuevos tributos. Esto sería lo propio de aquellos que supeditan los intereses del Estado por encima del de su cuerpo económico. Por el contrario, cabe otra posibilidad, tener el convencimiento de que si potencias la actividad privada, no solo enriqueces a la ciudadanía, sino también al propio Estado. A lo largo de la historia de España estos enfoques alternativos han tenido diferentes momentos de esplendor. Quizá sería interesante recordar las haciendas de los Austrias, siempre insaciables ante las necesidades ilimitadas de un imperio que no cesaba de crecer. En ese momento histórico alguien mencionó la frase de «Un rey es rico cuando su pueblo es rico», y con la certeza de que estaba cargada de verdad, empezaron a tomar cuerpo los estados modernos, y con ello las infraestructuras que acompañaron a los mismos. Alcanzaron su cima con Carlos III, un rey liberal, al que por cierto le deben parte de su esplendor histórico las pequeñas aldeas portuarias de Vigo y A Coruña. Ambas crecieron a base de retirarles privilegios a los puertos de Sevilla y Cádiz.
El Gobierno acaba de presentar esta semana su presupuesto, y ciertamente cuesta encasillarlo, y hasta definirlo. Quizá lo más relevante es lo que no hace y que algunos pensaban que iba a hacer. Tiene tintes recaudatorios, seis mil millones descansan en figuras nuevas o en la modificación de otras. Pretende apostar por la tributación verde, como el castigo al plástico y al diésel. Esto último, por cierto, alguien me lo tendrá que explicar algún día. Incorpora las bebidas azucaradas a la tasa general del IVA para castigarlas. Pero si el déficit público va como algunos creemos que irá pronto, en el 2022 veremos cómo se discrimina también negativamente a un ejército de productos que hoy están con la tarifa reducida del 10% o incluso del 4%.
Y es que no hay que ser lector de Confucio para saber que el ying tiene su yang. Al margen de la recaudación del 2021, hemos de asumir la actualización salarial de funcionarios, los ERTE que aún no se han aprobado pero que se aprobarán, y algo más, los gastos «impropios» del sistema de pensiones. No acabaremos el año que viene sin ver cómo el Estado, a través de su sistema general de tributación, tiene que hacerse cargo de las pensiones no contributivas y, previsiblemente, también de las de viudedad. Demasiadas cargas para un país que vive en estado de alarma.
Como una parte del Gobierno está anclado en el populismo de izquierdas, lo natural es que nos encontráramos con medidas fáciles de vender, a propios y a medios, pero con escasa capacidad recaudatoria. La primera fue incrementar la presión fiscal del impuesto de patrimonio. Supongo que Iglesias tiene cargo de conciencia por el escaso cariño que le profesa a Díaz Ayuso, y desea tener un gesto con ella. Madrid es un paraíso fiscal, y lo es por varios motivos; uno de ellos es que sus residentes no pagan este impuesto. Por tanto, una subida, como sugieren, provocará que las autonomías o bien no la incorporen o bien se arriesguen a una fuga de capitales patrimoniales hacia Madrid. Algo similar se puede decir de la nueva presión fiscal hacia los rendimientos del capital mobiliario. Si a alguien su cartera le proporciona ingresos elevados, lo previsible, es que los desvíe hacia una sociedad patrimonial. Es decir, mucho artificio y poco impacto.