Todo indica que, en lo que respecta a la economía y sus circunstancias, está volviendo con fuerza la idea del Gran Gobierno. Es esta una cuestión de las que no deja indiferente a casi nadie: mientras unos -aquellos que colocan el énfasis en «lo público»- saludan con satisfacción las nuevas tendencias, otros, los más entusiastas del puro mercado, lo ven con preocupación. De cualquier modo, la situación es tan excepcional que, al menos de momento, ni siquiera muchos de los más acendrados liberales levantan mucho la voz.
Y en ese contexto, una política que en los países desarrollados estuvo bastante olvidada durante décadas reclama ahora un mayor protagonismo: la política industrial. Hay tres grandes razones para ello. La primera es que se está produciendo, en esta como en otras partes de la economía, una revisión profunda de las ideas recibidas. Hasta hace poco tiempo -los años que siguieron a la crisis financiera- las políticas industriales tenían una pésima fama: eran interpretadas como nidos de burócratas y grupos de interés, que no hacían más que distorsionar los procesos productivos virtuosos originados por las dinámicas de mercado. Eran, en definitiva, una fuente de ineficiencia.
Eso decía el argumentario establecido, pero en la práctica algunas de las experiencias de éxito más rutilante de desarrollo industrial tenían detrás -aunque se publicitaba poco - a poderosos y muy activos Estados. Dejando al margen el muy singular caso de China, así ocurrió en algunos otros países asiáticos. De un modo paradigmático, en Corea del Sur una muy vigorosa política industrial, con fuertes elementos de coordinación público-privada, transformó radicalmente la economía y la sociedad. Y en los mismos Estados Unidos, origen de los mitos de «los milagros de taller» tecnológicos (una exaltación absoluta de la iniciativa privada como única fuente del progreso), de pronto se demuestra -por autoras como, entre otros, Mariana Mazzucato- que detrás de la revolución de los flujos de información se halla el Estado emprendedor y sus grandes inversiones en investigación básica. Una revisión bastante completa que lleva a un grado menor de dogmatismo al encarar estas cuestiones.
La segunda razón es que la pandemia ha roto algunas condiciones fundamentales de los sistemas industriales, lo que obliga a cambiar el paso. Las principales son la ruptura de las cadenas globales de valor y la reaparición con fuerza del concepto de sectores estratégicos, los cuales -se acepta ahora - deben ser defendidos por razones de índole superior, como la de garantizar los suministros básicos en tiempos de dificultad.
Pero la razón más importante es la tercera: de cara a la próxima década, al menos, una buena parte de la actividad económica estará crecientemente condicionada por la doble transición, digital y medioambiental. Ello exigirá tanto inversiones a gran escala -que como vamos viendo para el caso europeo, son impensables sin el concurso de los Gobiernos- como una depurada coordinación entre sectores, empresas y poderes públicos. Es decir, políticas industriales activas. Además, para desarrollar esos dos grandes ejes estratégicos serán necesarios otros frentes de la intervención pública (presupuestaria, monetaria, de defensa de la competencia) que, sin ser en sentido estricto política industrial, sí son claramente concomitantes con ella. Cambios profundos, que con alta probabilidad no tardarán en estar entre nosotros.