El fenómeno de la polarización política dista de ser exclusivo de España. Es más bien un signo distintivo de la evolución reciente de numerosas democracias. Sin embargo, aquí toma unas características particularmente radicalizadas, lo que constituye una mala noticia para la propia vida política o, más importante, para la convivencia ciudadana. Pero también para la marcha de la economía, pues la polarización -que según algunos estudios acreditados no se debe tanto a la existencia de diferencias sobre políticas concretas como a factores ideológicos e identitarios - tiene un coste económico que pudiera llegar a ser grande. Ahora mismo se están poniendo en marcha grandes proyectos de inversión, en una línea estratégica de cambio en el modelo productivo, sobre los que sería fundamental que existiera una mínima línea de acuerdo entre los grandes actores económicos y políticos. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea acaba de solicitar expresamente que en torno a esos proyectos cese la confrontación, para poder así aprovechar las ventajas que ofrecen unos programas -los llamados NextGenEU- que sin hipérbole cabe calificar de oportunidad histórica. Desaprovecharla por una causa tan poco noble sería sencillamente imperdonable.
Y no solamente es la necesidad de garantizar el buen uso de esos fondos. La economía española arrastra algunos serios problemas -sobre todo, los que tienen que ver con una baja productividad- que obligan a no demorar la entrada en vigor de algunas reformas. Estas, sin embargo, difícilmente avanzarán y tendrán continuidad si entre quienes han de tomar las decisiones no hay apenas esferas compartidas. Causa melancolía observar, por ejemplo, que lo que debiera ser un acuerdo para una reforma de la educación que prime su adecuación a las dinámicas de cambios económicos -por ejemplo, reformulando radicalmente la formación profesional- se hace imposible por cuestiones como las idiomáticas o la enseñanza de la religión.
Frente a ese escenario tan adverso, hay sin embargo un espacio en el que, casi milagrosamente, la idea de que es obligado llegar a transacciones entre quienes parten de criterios e intereses contrapuestos ha estado muy presente en los últimos años. Entre los llamados agentes sociales, sindicatos y patronales, se suceden los acuerdos, que están dando buenos frutos. Hace algunas semanas fue la renovación de los ERTE, una de las innovaciones más interesantes puestas en marcha en este período de fuertes convulsiones económicas, pues significó un alivio de primer orden para el mercado de trabajo, siempre proclive a generar enormes bolsas de paro en momentos de crisis.
Ahora llega un importante acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones, algo obligado debido principalmente a razones demográficas. Es verdad que se trata solamente de un paso, al que habrán de seguir otros, pues el problema que aborda es de gran complejidad. En particular, queda por resolver la introducción de un factor de equidad intergeneracional. Pero los cambios ahora convenidos van en la dirección correcta, principalmente la incentivación del retraso en la edad de jubilación, para así acercar la edad real a la legal (más discutible puede ser la absorción del déficit de la Seguridad Social por los presupuestos). Al margen de sus contenidos concretos, es el propio método -la toma de decisiones por consenso- lo que ahora merece ser destacado. Los partidos políticos debieran prestar atención a ese mensaje. Tan ácidamente criticados como con frecuencia son la patronal o a las centrales sindicales, no estaría mal reconocerles esta saludable contribución a la sociedad. A ver si cunde el mismo ejemplo con la reforma laboral.