Antonio Fernández-Montells, director financiero de Greenalia: «Demonizar un sector que crea riqueza y trabajo no dará una tarifa eléctrica mejor»

Greenalia es una de las empresas gallegas de renovables más florecientes del mercado. Antonio Fernández-Montells (A Coruña, 1984), licenciado en Administración y Dirección de Empresa, es su director financiero.

—¿Greenalia explota una planta de biomasa y cinco parques eólicos en Galicia, ¿se están beneficiando del fuerte de incremento de precios en el mercado mayorista?

—Operamos una planta de generación eléctrica con biomasa y cinco parques eólicos, todos ellos explotados a mercado, por lo que sí percibimos el impacto de precios, pero es limitado, porque están excepcionalmente altos desde agosto.

—El Gobierno ha aprobado un real decreto para descontar parte de los beneficios que perciben algunas plantas por la venta de electricidad en el mercado mayorista a raíz del incremento de precios del gas natural. ¿Cómo les afecta?

—La planta de biomasa de Curtis no está afectada, pero sí tres parques eólicos. El impacto exacto aún no está determinado porque depende de las horas en las que, efectivamente, el precio marginalista se cierre con el gas, así como las propias horas de producción de cada instalación. En todo caso, este impuesto al gas, o como queramos definirlo, se aplicaría a partir de precios de mercado muy superiores a nuestro plan de negocio, por lo que este no está comprometido.

—Ese recorte de beneficios a las eléctricas es una de las medidas temporales para abaratar la factura de los consumidores. ¿Qué les parece la decisión?

—Son medidas que se aplicarán durante seis meses y medio en instalaciones con una vida útil de 30 años. Por lo tanto, el impacto, positivo o negativo, es limitado en términos de valor del activo. Por otro lado, consideramos que hay cierta arbitrariedad en cuanto a los proyectos que efectivamente se ven afectados, además de que los distintos cambios realizados en ese real decreto ponen en evidencia que las medidas no están resolviendo realmente el problema de precio que paga el consumidor. Demonizar un sector que crea riqueza y miles de puestos de trabajo no semeja ser el mejor instrumento para dotarnos de una mejor tarifa.

—Con tantos cambios, empresas, como Iberdrola, denuncian inestabilidad regulatoria y anuncian frenos a la inversión renovable, ¿hará eso también Greenalia?

—Mantenemos nuestra hoja de ruta y nuestro compromiso de inversión con nuestros accionistas y con la comunidad. Evidentemente, esta inversión se hará conforme al desarrollo de la tramitación de las propias instalaciones. De hecho, estamos ya trabajando en la construcción de tres nuevos parques eólicos en Galicia, con una inversión conjunta superior a los 120 millones y la movilización de más de 1.000 puestos de trabajo en las distintas fases. Además, hemos diversificado y avanzado en el salto a Estados Unidos con la compra de dos proyectos, una planta fotovoltaica y baterías de almacenamiento. Es un plus para dar cumplimiento a los objetivos definidos por la empresa.

—¿Qué medidas propone la empresa para reducir el precio de la electricidad?

—La situación actual nos ha demostrado que la dependencia energética no es una buena aliada. Por tanto, es esencial avanzar en la puesta en marcha de más instalaciones renovables. Estas energías son capaces de bajar el precio del mercado eléctrico de forma consistente, sostenida y hacen que estemos menos expuestos a vaivenes de otros mercados. Es cierto que no tienen un resultado inmediato porque no se construye una instalación de un día para otro, pero es imperativo que aceleremos el proceso de implantación desde hoy mismo para que esta solución sea una realidad en unos años. De lo contrario, volveremos a tener situaciones como la actual.

—Greenalia se ofrece a la industria electrointensiva para firmar contratos bilaterales de suministro de energía a largo plazo. ¿Han tenido éxito?

—Estamos en negociaciones con varios grupos industriales gallegos (electrointensivos y grandes consumidores) ofreciéndoles acuerdos de precios fijos de energía a largo plazo con un descuento considerable sobre el precio actual del mercado. Este está provocando que los procesos industriales no sean rentables, con las consecuencias que eso supone en términos de destrucción de empleo y pérdida económica. Pero lo más grave es la posibilidad real de deslocalización de estas industrias. Si no somos competitivos como región, muchas de estas empresas, o bien desaparecerán, o se desplazarán a mercados en los que sus costes energéticos sean más competitivos. La cuestión clave es que, incluso en esta situación de precios de energía elevados, existen soluciones como los contratos a largo plazo que permitan reconducir esta situación. En este punto, la situación particular de Galicia presenta condiciones ventajosas. Cuenta con un recurso eólico muy superior a la media estatal, por lo tanto, nuestras instalaciones funcionan más horas y producen más, con la misma inversión. Esto quiere decir que son más rentables aquí que en la mayoría de las comunidades. Esta ventaja competitiva debemos aprovecharla y ser capaces de trasladarla a la industria; de forma que el coste energético aquí sea menor que en el resto de España. Y de esa forma Galicia puede no solo consolidar el tejido industrial ya existente, sino conseguir que las fábricas amplíen su producción y que otras se implanten en nuestro territorio, generando riqueza y empleo. Esos contratos bilaterales son una excelente herramienta que puede posicionar a Galicia a la cabeza de la competitividad energética.

—Y ¿por qué no se firman más contratos de ese tipo?

—Existe una necesidad real de grandes consumidores y empresas electrointensivas para firmar acuerdos de este tipo. Estamos seguros de que cuando suscribamos los primeros contratos con la gran industria, en unos precios en el entorno de 30 y 40 euros el megavatio hora, comparados con los 200 actuales, llegarán otros.

—Greenalia construye y opera instalaciones de generación, ¿está previsto introducirse en la comercialización de energía?

—En lo que estamos trabajando ahora es en los contratos de suministro para grandes industrias, que no deja de ser algo similar a lo que hace una comercializadora, pero centrándose solo en grandes consumidores.

—La Xunta decretará una moratoria eólica, ¿qué consecuencias tendrá para los proyectos de Greenalia?

—Dicha moratoria impide la presentación de nuevos proyectos. En nuestro caso, los previstos a medio plazo están todos en tramitación, y muchos ya han salido a información pública, por lo que en principio no deberían estar afectados por esa moratoria. Sí esperamos que la Administración autonómica pueda focalizar sus esfuerzos en agilizar los proyectos existentes.

—La Xunta también obligará a que los molinos de viento estén más lejos de los núcleos de población, ¿cómo les afectará esa medida?

—Consideramos que la normativa actual garantiza la seguridad y convivencia de los aerogeneradores con los núcleos. Llevamos muchos años de convivencia pacífica con las comunidades vecinales. Siempre buscamos el consenso con ellas porque esa es la forma de desarrollar el mejor proyecto y, de hecho, hemos conseguido más del 90 % de acuerdos con los propietarios en todos los proyectos que hemos construido. Creemos que esa nueva limitación de las distancias lo único que va a conseguir es limitar el potencial de Galicia como potencia energética. Es necesario cambiar nuestra visión sobre los aerogeneradores y verlos como aliados. La coyuntura actual exige que nos alejemos de la demagogia y del cortoplacismo y apostemos, de verdad, por un desarrollo de las energías renovables, ordenado sí, pero real, de lo contrario estaremos alejando el asentamiento industrial de nuestro territorio y con ello muchos puestos de trabajo.

—¿La empresa perderá puntos de acceso y conexión por la caducidad de los permisos? 

—El real decreto que regula esto establece un calendario para el cumplimiento de determinados hitos. El primero fue en diciembre pasado y conseguimos acreditar la admisión a trámite del 100 % de nuestros proyectos. El siguiente será la obtención de la declaración de impacto ambiental, cuya fecha de caducidad empieza a partir de abril del 2022.

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