«Hacer cola en el Inem» ha sido una frase recurrente durante años, sobre todo durante lo peor de la crisis del 2008, para hacer referencia a las personas que acudían a apuntarse a las oficinas de empleo para cobrar una prestación o buscar un trabajo. Las colas han desaparecido, o al menos, se han reducido bastante, sobre todo porque la digitalización ha facilitado las cosas. Por su parte, el Inem, cuyas siglas responden a Instituto Nacional de Empleo, hace ya años que no existe. Llegó a la vez que la democracia, en 1978, tras la firma de los Pactos de la Moncloa e incluso antes de promulgarse la Constitución. Asumió entonces la gestión de las políticas de empleo y su normativa se desarrolló paulatinamente durante los años siguientes. Pero algo cambia en los años noventa, cuando se inicia el traspaso de competencias a las comunidades autónomas. Un proceso que culmina en el 2003 y que hace desaparecer el Inem. La Ley de Empleo promulgada en aquel año diseñó un nuevo ajuste en las políticas de empleo. Articular un reparto competencial entre los distintos territorios autonómicos requería un sistema diferente. De hecho, en aquella época se criticaba bastante que el Inem, por su centralidad, no respondiese correctamente a las demandas específicas de cada región.
Aparece entonces el Sistema Nacional de Empleo que a su vez incluye al SEPE y a los 17 servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Una red territorial de 711 oficinas y casi 25.000 profesionales. En el último año se destinaron a la causa 31 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado.
El horizonte
La nueva Ley de Empleo traerá más consecuencias además de la de convertir al SEPE en una especie de Infojobs estatal. Sobre todo porque si hay otra asignatura que el organismo tiene pendiente es la digitalización. Durante la pandemia, cuando cada día se tramitaban miles y miles de expedientes de regulación de empleo, el sistema tecnológico no estuvo a la altura de la situación. Los propios empleados lo denunciaron. Con la llegada de los Fondos Europeos, paliar este déficit está en los planes del Gobierno. La modernización de las administraciones públicas es el llamado Componente 11 del Plan de Recuperación. Unos 1.200 millones de euros para transformar el SEPE y otros organismos. La inversión y la puesta en marcha debe realizarse antes del 2023.