Esta columna podría ser una carta devuelta al remitente, de esas que volvían a casa para darte el disgusto de que el destinatario no hubiera podido leerla. Pocos meses después de que valoráramos aquí el papel que se le abre a la empresa pública Correos como suplente de la banca en las zonas rurales, la huelga de sus trabajadores pone de manifiesto la situación difícil en que se encuentran ellos y la compañía, con acumulación de pérdidas y sospechas de los dos grandes sindicatos de que se está precarizando el empleo a base de movilidad funcional, creación de centros nodales que unifican las antiguas centrales de las grandes ciudades y derivación de muchas carterías hacia subcontratas.
Las resistencias al nuevo modelo de negocio que plantea la dirección son lógicas, pero también es razonable pensar que en estos tiempos en los que ya nadie escribe cartas —ni siquiera los bancos, que eran los que más llenaban en el buzón—, las funciones del servicio postal tienen que adaptarse a la realidad líquida y digital. Es más, aunque a nuestra juventud enredada en lo virtual le diera por volver a intercambiarse cartas de amor y billets-douces como hacían sus abuelos, lo tendrían difícil, porque el papel de escribir, que viene de fuera, escasea tanto como los microchips y los granos de soja.
Ya nadie guarda en el cajón secreto ese fajito de sobres atados con una cinta roja, para asegurarse un amor o para desecharlo definitivamente arrojándolo a la chimenea (que, por otra parte, es eléctrica y no quema papel). Ya nadie grita en las redacciones de los periódicos «¡Hay que trabajar con fotocopia!», que era garantía, en papel Xerox, de que no publicabas hoy lo contrario que ayer. Solo la Justicia, el Notariado y los Registros de la Propiedad siguen agarrándose al papel, por más instrucciones en sentido contrario que les envíe el Gobierno. Y casi solo los que aún guardamos aquellas cartitas ilustradas con corazones vamos a echar de menos, si se esfuma, a Correos, aquel sistema circulatorio universal que tan bien nos hablaba de la fiabilidad de las instituciones.