En el último análisis que publiqué en este espacio, hablaba del riesgo de estanflación (estancamiento económico con inflación) de la economía española. La primera semana de junio, la OCDE ha publicado un informe alertando de este riesgo a nivel global. La revisión a la baja en el crecimiento económico está afectando a casi todas las economías de la OCDE, y la inflación, lejos de remitir, se está consolidando. Así, en España, la inflación subyacente (incremento de precios del conjunto de bienes cuyos precios no están sujetos a decisiones de carácter administrativo, estacionalidad o alta volatilidad) llevará, previsiblemente, al IPC al 7 % en la tasa media anual del 2022.
El empleo en España crecerá un 3,5 % en el segundo trimestre de este año, frente al 7,5% del primero. La última reforma laboral, aprobada en febrero de este año, ya da muestras de agotamiento, una vez pasado el período de ajuste que las empresas han tenido que llevar a cabo para encajar sus contratos en el nuevo modelo. Los anteriormente llamados contratos temporales han pasado a fijos-discontinuos, pero su permanencia en el tiempo es la misma que antes de que la reforma laboral obligara al empresario a optar por esta fórmula.
En relación con la compra de viviendas, durante los cuatro primeros meses del 2022, acumuló una subida del 23,1 % respecto al mismo período del 2021 (26,3 % en viviendas de segunda mano y 11,5 % en obra nueva), según el INE. Pero la compra de vivienda en España se frena, pese a subir un 12 % en abril. Las 47.349 operaciones de compraventa suponen la cifra más baja desde octubre del 2021 y un 20,1 % menos que en marzo.
El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que dejará de comprar deuda a partir del 30 de junio, provocando fuertes subidas en las primas de riesgo de los países de la periferia europea, España entre ellos. El incremento encarecerá las cuotas hipotecarias a tipo variable, el coste de los créditos subirá y lo mismo ocurrirá con la inmensa deuda de los estados. Teniendo en cuenta que la deuda española roza el 120 % del PIB, esta subida de tipos conllevará un importante coste para España, que elevará la carga financiera en 20.000 millones hasta el 2025.
El gobernador del Banco de España, en la presentación del informe anual para el 2021, afirmaba que la economía española se encuentra en una «coyuntura extremadamente incierta» y demandaba una «estrategia integral de reformas ambiciosas con vocación de permanencia». Estas palabras no solo apuntan hacia la gravedad del momento que vivimos, sino también a su previsible duración.
Aunque, en este contexto es precipitado aventurar nada, si continúa esta situación, las medidas de ajuste en el 2023 pueden ser inevitables y, como siempre, los consensos políticos, que acompañan a las políticas económicas, serán fundamentales, tanto en lo acertado de las decisiones, como en la oportunidad temporal de las mismas. Además, para preservar la debilitada cohesión social, se precisa equilibrar los costes de los ajustes, que eviten nuevas brechas de desigualdad y de riesgo de pobreza y exclusión social.
Isabel Novo Corti. Catedrática de Economía de la Universidade da Coruña