El 9 de junio, el BCE anunció un cambio de su política monetaria. Subirá los tipos en 25 puntos básicos en julio y volverá a subirlos en septiembre, aunque entonces la intensidad del aumento de la tasa dependerá de la evolución de las expectativas de inflación. Tras ese anuncio, las primas de riesgo de los países del sur se dispararon. Se dijo que la decisión del BCE estaba detrás de esa subida de la prima, pero eso no es del todo cierto. La subida de tipos hace que suba el coste de financiación de todos los países; pero la prima de riesgo es un indicador de confianza: si el rendimiento del bono de un país sube más que el de otro es porque los inversores confían más en este segundo país que en el primero.
Hace en torno a un mes, en este mismo espacio, hacíamos referencia a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE del 15 de junio del 2022. De dicha reunión salió una breve nota de prensa, que pasó prácticamente desapercibida, en la que se decía textualmente: «Desde que se inició el proceso gradual de normalización de la política monetaria, en diciembre de 2021, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se ha comprometido a actuar para hacer frente al resurgimiento de riesgos de fragmentación [de la Eurozona]. Sobre la base de esta evaluación, el Consejo de Gobierno ha decidido actuar con flexibilidad en la reinversión del principal de los valores de la cartera del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP)».
Sin decirlo expresamente, se anticipa un programa especial de compra de activos para limitar el «riesgo de fragmentación». Esto no es más que salir a salvar a los gobiernos que no puedan colocar su deuda en los mercados a un precio razonable. La razón es que ninguno de estos países es realmente soberano desde un punto de vista fiscal, ya que ninguno podría financiarse por su cuenta al precio actual. Lo consiguen con el apoyo del BCE; en principio se dice que a cambio de nada, pero en realidad habrá muchas condiciones.
Por otra parte, la inflación en España en el mes de junio fue del 10,2 %, alcanzando niveles de 1985, acompañada de un nuevo repunte en la inflación subyacente, menos volátil al excluir la energía y los alimentos frescos. Este indicador ha alcanzado en junio el 5,5 %, la tasa más elevada desde agosto de 1993. El crecimiento de la inflación subyacente es preocupante porque es más persistente y tiene un impacto negativo en la competitividad de las exportación española. En definitiva, la subida del IPC de junio apunta a un freno del consumo después del verano, aumentando el riesgo de recesión.
De esto se deriva que los salarios españoles han perdido 7,2 puntos de poder adquisitivo desde el 2020. Ese año perdieron 0,3 décimas, según el INE; en el 2021, 1,6 puntos adicionales. Y en este 2022, en el mejor de los casos, la pérdida será de 5,3 puntos. De esta forma, en tres años se totaliza un retroceso de al menos un 7,2 % en el poder de compra de los trabajadores. Aun así, los mejores datos vienen del mercado laboral: el empleo creció en 76.948 personas en junio, se alcanzó un nuevo récord de contratos indefinidos y el desempleo se redujo en 42.409 personas, pero el descenso en el paro es el más bajo en junio desde 2008. En cualquier caso, se predice un parón de la economía tras el verano por las subidas de los tipos y las amenazas de Putin de cortes de gas en invierno. La magnitud del impacto de la posible recesión podría llevar a una revisión de las políticas de subidas de tipos de interés para el año 2023.
Isabel Novo Corti Catedrática de Análisis Económico. Universidade da Coruña