Las inversiones de los multimillonarios de las criptodivisas están encareciendo los precios en el país, lo que ha generado un profundo malestar en una ciudadanía muy empobrecida
01 ago 2022 . Actualizado a las 09:48 h.Puerto Rico se ha convertido en un imán para criptoinversores millonarios estadounidenses que, al mismo tiempo, están siendo acusados por parte de la población boricua de elevar el coste de la vida en la isla. El principal foco de atracción son, sin duda, las grandes exenciones fiscales que disfrutan los inversores que, además, tampoco tienen que pedir un visado o pasaporte especial ya que Puerto Rico es oficialmente un territorio no incorporado de Estados Unidos.
La Ley 60 permite a los ciudadanos estadounidenses continentales no pagar impuestos sobre las ganancias de capital siempre y cuando pasen, al menos, 183 días al año en la isla. En sus ciudades de origen, en cambio, podrían llegar a pagar hasta un 37 % por el mismo concepto a corto plazo y hasta un 20 % a largo, lo que significa que la rebaja es bastante considerable.
Esa legislación incluye, además, la Ley 22, que permite de hecho eludir también el impuesto federal sobre la renta, aunque, por el contrario, obliga a comprar una vivienda en la isla y a donar 10.000 dólares anuales a una organización benéfica establecida en Puerto Rico.
Este cóctel, añadido a las formidables playas y al ambiente caribeño, ha atraído a, al menos, un centenar de importantes criptoempresarios, y también a otros perfiles. Unas 1.300 personas solicitaron convertirse en inversores residentes en Puerto Rico en el 2021 al amparo de la Ley 60, según ha revelado el diario estadounidense The New York Times, y unas 900 lo consiguieron.
La tendencia la espoleó, en el 2018, el conocido empresario Brock Pierce, quien, tras quedar la isla destruida por el huracán María, decidió mudarse a Puerto Rico, creando el término «Puertopía», con el objetivo de invertir en el lugar.
Pierce ha comprado numerosas propiedades en la isla. Su adquisición más importante es la de un hotel en el islote de Vieques, que le costó unos 18 millones de dólares. Desde entonces, Puerto Rico ha recibido a nuevos residentes ilustres, como Logan Paul, creador de los certificados digitales NFT.
Quienes defienden la llegada de los criptoinversores argumentan que llevan conocimiento tecnológico a la isla, contribuyen generando empleo y pagan impuestos no relativos a las ganancias de capital, como los de la propiedad.
Muchos oriundos no están de acuerdo con esa visión. Denuncian que están siendo expulsados de sus barrios porque el coste de la vivienda y el alquiler se ha disparado en algunos lugares, como el viejo San Juan —todas las propiedades menos una vendidas allí en los dos últimos años han sido adquiridas por recién llegados— o el mismo islote de Vieques.
El precio de otros servicios, como la restauración y el ocio, también han crecido de forma exponencial en esas zonas, donde ahora muchos utilizan solamente el inglés para comunicarse. Varias protestas han estallado en los últimos meses contra los criptocolonizadores, manifestaciones en las que han llegado a aparecer pancartas con la cara del inversor Pierce.
No es el único motivo de la protesta. Las exenciones son válidas solo para ciudadanos estadounidenses continentales. Los isleños no pueden acceder a ellas, lo que ha generado una profunda indignación. El Gobierno podría revisar pronto el contenido de la Ley 60, ante una queja del presidente la Cámara de Representantes local, que cree que la población no entiende las medidas, aunque no se esperan cambios sustanciales.
Puerto Rico declaró la quiebra en el 2017, después de dos décadas de problemas financieros originados, precisamente, tras la cancelación de rebajas tributarias que disfrutaban las empresas estadounidenses radicadas en la isla. Ahora tiene que cumplir un estricto plan fiscal, y necesita ingresos. También pobladores. La isla perdió un 12 % de sus habitantes entre el 2010 y el 2020 debido a las dificultades económicas, agravadas por los desastres naturales. Sin embargo, por ahora parece difícil que el Gobierno isleño ponga muchas trabas a la llegada de acaudalados ciudadanos provenientes del continente.