La distancia que hay entre los que más tienen y los que menos es cada vez mayor: los efectos de las últimas crisis se ceba más con los estratos más bajos de la renta, lo que conduce a otra conclusión: no basta con las ayudas y se hace cada vez más necesario intervenir sobre los factores estructurales, de forma que se evite la transmisión de la pobreza de generación en generación
11 dic 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Los recientes acontecimientos vividos, junto a la pandemia y guerra de Ucrania con sus inevitables efectos, revelan cambios muy notables en lo que concierne a la estructura social y económica de las sociedades. Los Gobiernos tratan de paliar dichas repercusiones a través de la puesta en marcha de medidas de contención y con la aplicación de blindajes socioeconómicos para los grupos más vulnerables. Merced a estas iniciativas se han podido corregir algunos de los desajustes y, sobre todo, se han logrado contener muchos de los agravantes y consecuencias derivadas de las crisis económicas.
Acompasadas a estas dinámicas, el panorama económico mundial muestra dos tendencias consolidadas. La primera, hace referencia al incremento notable de los flujos de inversión extranjera; y, la segunda, asistimos a un aumento nada desdeñable de la rentabilidad de las multinacionales. O sea, se constata un crecimiento asimétrico, tanto por países como por estratos de población, en donde las desigualdades afloran y muestran una mayor discriminación en lo que hace referencia a la disponibilidad de recursos y a las oportunidades que genera.
Centrándonos en Galicia conviene hacer un repaso de lo acontecido. En el 2021, el 25,2 % de la población estaba en riesgo de pobreza y de exclusión social. En términos absolutos, significa 678.000 personas, de los que 311.000 son varones y 367.000 son mujeres. Comparado con años anteriores, por ejemplo el 2015, la situación ha empeorado, aunque poco (un incremento del 0,3 %) siendo más llamativo el aumento de las mujeres (cerca del 1 %). Pasando a analizar los ratios de desigualdad, la tendencia arroja movimientos inquietantes. La desigualdad se mide a partir del coeficiente de Gini. Este índice compara la proporción acumulada de la población con la proporción acumulada de las rentas que esta recibe. Es decir, si el índice se aproxima a cero significa que todos los individuos tienen el mismo ingreso (igualdad perfecta). Por el contrario, cuanto más se acerque a la unidad, se supone que una persona posee la totalidad de los ingresos de la población (desigualdad perfecta). A lo largo de los últimos años, Galicia mantiene una tónica casi inalterable, aunque en los últimos tres años desciende el coeficiente de Gini, lo que supone una mejora en la desigualdad merced a las políticas públicas relacionadas con los mecanismos de redistribución. No obstante, llaman la atención, los diferentes resultados a nivel provincial. Así, se constata que Pontevedra empeora; A Coruña, es estable; y los ratios de desigualdad mejoran en Lugo y Ourense.
Profundizando un poco más en el análisis, analizamos la proporción S80/S20. Es decir, la proporción entre las rentas obtenidas por el 20 % de la población con las rentas más altas en relación con la renta media obtenida por el 20 % de la población con las rentas más bajas. Examinando dicha tendencia, se aprecia un incremento de dicho ratio entre el 2008 y el 2015 (aumento de la desigualdad); una ligera mejoría en la corrección de las brechas entre el 2015 y el 2019; y una vuelta a aumentos de la desigualdad entre el 2020 y el 2021. Los resultados significan una persistencia de la discriminación; esto es, los efectos de la última crisis se ceban más en los estratos de la población con menores rentas; y, asimismo, subrayan diferentes oportunidades en lo que concierne a las dinámicas de reducir la brecha entre los distintos estratos de población; tesis muy en la línea con lo expresado por Thomas Piketty en sus últimos ensayos.
Completamos nuestra exposición con la comparación de los ingresos en función de los deciles de las rentas; esto es, la distribución de la población en función de grupos de cada 10 % de la población. Los primeros deciles agrupan a los estratos con menores rentas. Las cinco primeras contabilizan ingresos anuales inferiores a 15.000 euros, sumando el 57,9 % de la población en el 2008 y el 52,9 % en 2021; o sea, una reducción de las personas con menores rentas. Sin embargo, los deciles noveno y décimo, que aúnan ingresos superiores a 27.000 euros anuales, aumentan su representación, pasando del 11,9 %, en el 2008 al 14,6 % en el 2021. Esto es, un mayor número de ricos. O, dicho de otro modo, la renta de la población más rica es cada vez más superior a la más pobre.
Las conclusiones finales son evidentes. En los últimos años se agranda la brecha económica, a pesar de una estabilización de las personas con menores niveles de ingresos. Se aprecia un gran desajuste en lo relativo a los objetivos definidos en la Agenda 2030; esto es, no se cumple con la programación presentada y compromisos adquiridos. La brecha persistente y las distintas oportunidades subrayan un distanciamiento con los promedios españoles. El propio Instituto Galego de Estatística lo atestigua cuando afirma que la renta media por persona en Galicia es de 11.453 euros (12.269 en España) y que dicho diferencial se acrecienta desde el 2008 (207 euros por 823 en la actualidad, cuatro veces más).
En suma, las ayudas temporales no bastan para reducir los factores de desigualdad. Se precisa intervenir sobre factores estructurales y evitar la transmisión de la pobreza y exclusión social de generación en generación. De esta forma, podríamos contribuir a no mermar las oportunidades de ascensor social de los ciudadanos.
Fernando González Laxe.Catedrático de Economía Aplicada. Universidade da Coruña.