Al déficit de información sobre aspectos cuantitativos y cualitativos de la gestión, se suma otro asunto poco alentador: demasiados proyectos de pequeño calado, como una lluvia fina, a los que no se les supone un efecto realmente transformador
11 jun 2023 . Actualizado a las 23:53 h.Los fondos Next Generation EU (NGEU), articulados a raíz de la crisis económica y social provocada por la pandemia del covid-19, tenían un doble objetivo: hacer frente a los efectos de esta; y, lo que es más importante, transformar nuestro tejido económico mejorando el potencial de crecimiento, el bienestar, la autonomía estratégica y, en suma, la resiliencia de nuestra economía ante los retos actuales y de futuro. Cuando ya ha transcurrido una parte importante del plazo previsto para su ejecución, y empezamos a conocer quién y cómo los está ejecutando, resulta oportuno analizar con detalle cuál es «el estado de la cuestión».
Los NGEU movilizarán a nivel europeo unos 750.000 millones de euros en el período 2021-2026, integrados en dos fondos principales: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con 672.500 millones de euros, de los cuales 312.500 corresponden a ayudas directas y 360.000 a préstamos reembolsables; y el Fondo REACT-EU, dotado con 47.500 millones de euros asignados a los países para que estos los distribuyan en su territorio al objeto de hacer frente a las urgencias sanitarias, sociales y económicas surgidas durante la pandemia. A estos se añade el programa RePowerEU para inversiones en el ámbito energético.
Las cantidades asignadas hasta el momento a España en los distintos fondos suman 92.256 millones de euros en ayudas no reembolsables, a los que se deben añadir 84.000 de préstamos reembolsables. Un total de 176.256 millones de euros, que equivalen al 13,3 % del PIB español, cantidad suficientemente importante como para poder transformar nuestra economía; si lo hacemos bien, claro.
Su ejecución se realiza en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) presentado por el Gobierno de España y aprobado por el Consejo de la Unión Europea, con el que se pretende generar un impacto positivo que impulse la creación de empleo y, además, aborde los desequilibrios estructurales de nuestro país: reducir la desigualdad e impulsar un modelo de crecimiento más sostenible tanto desde el punto de vista económico y social como medioambiental. Tres son las vías de instrumentación de los fondos: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación Territorial y Económica (PERTE), las subvenciones y licitaciones emitidas por el sector público estatal (SPE) y las transferencias a las comunidades autónomas (SPA), universidades y corporaciones locales, para que estas los gestionen.
A 31 de diciembre del 2022 se habían asignado a las comunidades autónomas un total de 30.513 millones de euros— en proceso de ejecución por parte de estas—, a los que hay que añadir otros 13.284 millones de euros ya ejecutados directamente por el sector público estatal en las distintas regiones, con la distribución que se indica en el cuadro 2. A Galicia le correspondían hasta esa fecha 1.660 millones de euros, a gestionar directamente por ella, a los hay que añadir 1.175 millones de euros ejecutados por el Gobierno central, un total de 2.835 millones de euros: 1.054 euros por habitante, que representan el 4,2% del PIB gallego. Cantidades que seguirán aumentando a medida que se ejecuten los fondos; de hecho, en este año 2023, ya se han asignado cantidades adicionales.
La otra cara
Hasta aquí, la información cuantitativa que conocemos. Obviamente, en términos de cantidades, también sería importante conocer el grado de ejecución de esos fondos, pero en esto la información es más difusa. España, en su conjunto, no lo debe estar haciendo tan mal, ya que, hasta ahora, ha podido acreditar el cumplimiento de los hitos recogidos en el PRTR y demostrar la ejecución necesaria para poder recibir los sucesivos desembolsos solicitados: 37.037 millones de euros hasta el 31 de marzo del 2023, un 47,9 % del total de fondos no reembolsables.
Ahora bien, fronteras a dentro, en este momento, no sabemos la ejecución real de cada una de las administraciones gestoras de los fondos y, lo que es más importante, en qué proyectos concretos se están materializando. De hecho, el Tribunal de Cuentas se quejaba recientemente de que solo 8 comunidades autónomas, entre las que no estaba Galicia, ofrecían algo de información sobre en qué se están gastando los fondos y cómo evoluciona la gestión de los mismos. En un sentido parecido, el Consello de Contas, en un reciente informe de fiscalización sobre los fondos, con esa forma templada que tiene de decir las cosas y el buen hacer que le caracteriza, recoge una serie de conclusiones y recomendaciones que dejan entrever importantes necesidades de mejora.
En todo caso, la información ofrecida por las administraciones y por los órganos fiscalizadores se refiere, en el mejor de los casos, al grado de ejecución y a su problemática; en suma, al procedimiento y a la legalidad sin que, hasta ahora, se haya entrado en lo sustancial: la eficiencia. Y, teniendo en cuenta la importancia de los objetivos, casi más importante es la eficacia. Si carecemos de datos de ejecución fiables, mucho menos contamos con los indicadores necesarios, si es que existen, para poder evaluar adecuadamente estos resultados. Ahora bien, de un análisis de las licitaciones y de las líneas de subvención, así como de la relación de proyectos y cantidades que ofrecen algunos órganos fiscalizadores, podemos empezar a extraer conclusiones. Cuando ya llevamos ejecutado una parte importante de los fondos (algunos informes cifran la ejecución de los fondos ya asignados a las comunidades en más del 70 %), aún no vemos, salvo contadas excepciones, proyectos importantes que tengan capacidad de efecto arrastre sobre otros sectores de la economía. Sí se ven muchos proyectos y acciones de pequeño calado que, mucho me temo, su impacto no irá mucho más allá del derivado de su propia ejecución. De hecho, una parte importante de los datos positivos de la economía española, alcanzados en un contexto internacional muy complicado por la guerra en Ucrania, la crisis inflacionista y la subida de los tipos de interés, tienen su origen, sin duda, en la inyección extraordinaria que suponen los fondos.
Quizá hemos balanceado en exceso respecto de las previsiones o, si me apuran, los temores iniciales. De cuestionar que los fondos se destinasen solo a las grandes empresas y de estar controlados por el Gobierno, hemos pasado a una atomización en la que participan todas las administraciones, eso sí, quejándose de la excesiva tutorización central. El resultado final puede ser una especie de lluvia fina, que anticipe proyectos de infraestructuras públicas y dé oxígeno a una parte importante del sistema productivo, pero sin conseguir el impulso necesario para la transformación de la economía. Ojalá mi preocupación sea excesiva. En todo caso, creo que procede dejar de enmendarse la plana entre niveles de Administración: cada uno que asuma su responsabilidad y, dentro de esta, que evalúe los resultados de lo ya ejecutado, por si procede rectificar.