El análisis de la evolución del crecimiento y de la deuda muestra que hay comunidades que han aprovechado mejor que otras el incremento del gasto público para recuperar los niveles prepandemia, mientras que otros territorios siguen rezagados. Galicia es la que presenta un mejor desempeño, junto a Andalucía, Extremadura, Madrid, Navarra y Castilla-La Mancha
01 oct 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La globalización ha contribuido a fragilizar los territorios menos flexibles, los menos ágiles y los menos adaptables. Es decir, la globalización tiende a amenazar o a remodelar las actividades económicas y, con ello, a los espacios territoriales. También contribuye a resaltar los factores de especificidad regional a pesar de las tendencias hacia una mayor uniformización y homogeneización de las normas de producción, consumo y modos de vida. De esta forma, la globalización nos conduce a una estandarización de la productividad y a acrecentar los niveles de competitividad poniendo en cuestión los referentes colectivos, tales como aquellos que hacen referencia a los aspectos sociales, solidarios, medioambientales o culturales.
A la vista de los últimos acontecimientos (crisis financiera del 2008, pandemia, guerra en Ucrania, etcétera) ciertos territorios sortean mejor que otros su capacidad de resistencia frente a las nuevas circunstancias internacionales y de carácter exógeno. Algunos países poseen efectos estabilizadores e incluso pueden llegar a aprovecharse de nuevas oportunidades. Para medir dicha capacidad de reacción nos basamos en el concepto de resiliencia territorial. Se define como la capacidad de un sistema para volver a su punto de equilibrio (que no siempre es el estado inicial ni tiene porqué ser único) después de una perturbación. Esto es, la capacidad de un sistema para adaptarse, poder modificar sus funciones o estructura, o reconstruirse en un nuevo sistema.
De esta forma, la resiliencia territorial nos permite medir dicha aptitud y evaluar la capacidad que poseen los actores de una sociedad para generar acciones de resistencia y de adaptación a los cambios, encontrar las bases para su transformación y desarrollo, y aprovechar sus especificidades frente a los cambios bruscos y shocks exógenos.
Normalmente, los análisis científicos se efectúan bajo cuatro dilemas. Se utiliza, en primer término, el valor de las especificidades del territorio, su atractividad y sus fortalezas, y cómo los actores claves del territorio se apoyan en los mismos para favorecer el desarrollo endógeno a la vez que crean nuevos campos de actividad. En segundo lugar, los actores deben determinar las estrategias a desarrollar frente a los shocks, ya sean de carácter defensiva u ofensiva; es decir, distinguiendo entre proteger el territorio o aprovechar las oportunidades que el momento y circunstancia favorecen. El tercer dilema hace referencia al grado de apertura del territorio hacia el exterior; es decir, jugar la carta de la competitividad o la de la autonomía; o, dicho de otra manera, desplegar estrategias de anclaje local o buscar alianzas con otros territorios complementarios. Y, finalmente, la cuarta vía de análisis consiste en definir la velocidad, el ritmo y la dinámica de la resiliencia.
Los últimos estudios permiten afirmar que la actividad económica española después de tres años y medio ha recuperado los índices previos a la pandemia. Pero dicha recuperación no ha sido homogénea en el territorio español. Todavía se contabilizan cuatro comunidades autónomas que siguen alejadas de los promedios anteriores a la pandemia. Nos referimos a Asturias, Baleares, Cataluña y País Vasco. En sentido positivo, las comunidades autónomas que más rápidamente han recuperado los índices de actividad prepandemia fueron, en primer lugar, Castilla-La Mancha y Murcia, que lograron alcanzar dicho nivel en el primer trimestre del 2022; seguida de Galicia, Extremadura, Madrid y Navarra, que lo hicieron en el segundo semestre del 2022. Esto pone manifiesto los distintos niveles de resiliencia, producto de su propia singularidad en lo concerniente a su estructura económica, de la actuación de los actores clave de cada territorio y de los programas de adaptación y asimilación de los efectos de los shocks externos y exógenos.
Los datos proporcionados por la AIReF también dan pie a analizar otras evoluciones, como las correspondientes al crecimiento económico. Al evaluar la evolución del crecimiento del PIB a lo largo de este período— el comprendido entre el cuarto trimestre del 2019 y el segundo trimestre del 2023— los resultados son, asimismo, heterogéneos.
Las comunidades de Baleares (-2,0 %), Cataluña (-1,1 %) y Asturias (-0,9 %) reflejan fuertes descensos del PIB, producto de los efectos derivados de la caída del turismo y de las manifestaciones relacionadas en el sector industrial. Otras autonomías presentan crecimientos casi nulos; es decir, que no crecen o crecen/decrecen muy poco: son los casos del País Vasco (-0,1 %), Canarias (0 %) y Aragón (0,1%). Después se sitúan, en un tercer grupo, con aumentos inferiores al 1%, las regiones de Cantabria, Castilla-León, La Rioja y Comunidad Valenciana. Y, por último, el grupo de comunidades con crecimientos iguales o superiores al 1%; es decir, aquellas que han reaccionado más favorablemente a la recuperación económica: son las de Andalucía (1 %), Extremadura (1 %), Madrid (1 %), Navarra (1,3 %), Galicia (1,4 %); y Castilla-La Mancha, que es la que más ha crecido, con un 3,2%.
La heterogeneidad regional española es, pues, abrumadora. No se puede hablar de una única España económica; sino de una amplia variedad de realidades. Dichas singularidades permiten subrayar las distintas especializaciones y productividades sectoriales. Bajo estos conceptos son entendibles los distintos ritmos de adaptación y de recuperación económica pospandemia. Y, sobre todo, a diferencia de lo que se describe en numerosos informes, el factor turístico no es el único que explica el diferente comportamiento. Tanto la industria como el sector primario se han visto fuertemente golpeados debido al encarecimiento del coste de las materias primas y por las dificultades de suministros de ciertos bienes dada la interrupción de las cadenas globales; también por el coste de las energías y por la pérdida de competitividad de determinadas ramas respecto al resto del mundo.
Las respuestas económicas a la crisis del covid-19 también han sido distintas entre las autonomías. Aunque todas han recurrido al gasto público para atender tanto a las necesidades sanitarias como a la atenuación y mantenimiento de las actividades económicas. A diferencia de lo llevado a cabo en la crisis de las punto.com (comienzo de siglo) y de la financiera del 2008 (donde se acuñó el famoso austericidio), en esta ocasión se ha apostado por la superactivación del papel de sector público; y, mediante la inyección de capital y programas de ayudas económicas, se pudo ir amortiguando y sosteniendo tanto las economías domésticas como las empresariales.
La consecuencia de ello es un aumento del gasto público que inmediatamente se ve reflejado en un incremento de la deuda contraída por las comunidades. De nuevo, existen territorios que han aprovechado dicho endeudamiento para recuperar la actividad y volver a situaciones prepandemia; en tanto que otras suman problemas en su economía engordando su deuda pública y no sabiendo utilizar correctamente dicha inyección financiera en aras a remontar su crecimiento y de engancharse a las actuales dinámicas de expansión. Tanto los niveles de deuda como los costes de los intereses de las mismas así lo atestiguan.
En definitiva, los territorios son sistemas complejos relativamente abiertos y en interacción constante; por lo que los análisis e interpretaciones subrayan un espacio multiforme y con idiosincrasias diferentes. De ahí la enorme dificultad de afrontarlos.
Fernando González Laxe. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidade da Coruña.