A Isabel Díaz Ayuso, por lo visto, le gusta mucho la fruta y muy poco los impuestos. Lo primero es absolutamente irrelevante, pero lo segundo ya no tanto. Preguntada esta semana en Barcelona por el supuesto dumpin fiscal que aplica la comunidad que preside, Ayuso se mostró tajante: «Háganlo ustedes». Inquietante respuesta la suya, y también la de los empresarios catalanes que le rieron y le aplaudieron la gracia. Veamos por qué. Primero, porque en su respuesta, sorprendentemente, la presidenta madrileña admite que existe dumpin en su comunidad, lo cual es bastante grave. Desde el punto de vista técnico, eso no es cierto, porque se trata de una práctica que nada tiene que ver con el margen que ostentan las comunidades para modificar algunos elementos de los impuestos cedidos o compartidos. Segundo, porque Ayuso sabe — o debería saber— que aunque ese margen potencial es el mismo en todas las comunidades de régimen común, el margen real es mucho mayor en el caso de Madrid por el efecto de la capitalidad. Y esto ya era así antes del procés. Un dato por el lado privado: entre las mil empresas españolas de mayor tamaño, el 45 % tienen su sede en la comunidad madrileña. Y otro mucho más importante por el lado público: el 60 % de las licitaciones de órganos del Estado ubicados en Madrid —que son la gran mayoría, porque no ha habido una descentralización como en Alemania o como en la propia UE— que se adjudican a empresas españolas se dirigen a compañías con sede en la capital. Es decir, que el resto de las comunidades se reparten las sobras, lo que evidencia un acusado desequilibrio. En la carrera en la que Ayuso nos invita a participar amablemente hay gato encerrado, porque las reglas son formalmente las mismas, pero no el punto de partida. De ahí la importancia de introducir elementos armonizadores en el modelo actual. La proclamada solidaridad territorial puede verse amenazada por muchos frentes, entre ellos la unilateralidad de los más poderosos.