El ciclo urbano del agua necesita una inversión anual de 6.200 millones de euros para renovar y mejorar las infraestructuras, cumplir los objetivos regulatorios del sector y hacer frente al estrés hídrico. Esta es la principal conclusión del informe «Déficit de inversiones en el ciclo urbano del agua en España», elaborado por la Asociación de Gestores Urbanos del Agua (AGUA), formada por 47 empresas concesionarias, en colaboración con la consultora PwC. Por contra, en el período 2017-2022, la inversión media ha sido de unos 1.200 millones de euros anuales, lo que supone un déficit de 5.000 al año.
En el desglose por partidas, destacan los 2.600 millones necesarios cada año para actualizar las infraestructuras previstas en los planes hidrológicos, 550 millones en nueva infraestructura no incluida en estos planes, 2.600 para renovar los activos existentes y 450 para adaptar los de depuración a los nuevos requerimientos fijados en la revisión de la directiva europea.
Para mejorar la financiación de las infraestructuras del sector, la asociación propone medidas como la inclusión de partidas específicas en las tarifas del agua, cambios regulatorios para flexibilizar el modelo de las concesiones o la creación de un fondo nacional del agua para afrontar actuaciones «en las que la financiación por medios convencionales sea complicada», indica la entidad, que también propone la creación de un ente regulador específico para el sector «que dote de independencia y de un mayor carácter técnico a la toma de decisiones en el sector del agua».
La Asociación de Gestores Urbanos del Agua considera también que el PERTE de digitalización del ciclo del agua, que prevé una inversión de más de 3.400 millones de euros bajo el paraguas del fondo Next Generation de la Unión Europea, «puede contribuir a mejorar las infraestructuras del ciclo urbano del agua, pero no es suficiente». En este sentido, el informe alerta de que estos fondos Next Generation UE y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España tendrán un impacto limitado en el sector del agua, «insuficiente para paliar el déficit de inversión, por lo que la colaboración público-privada se hace imprescindible para desplegar todas estas nuevas inversiones necesarias para garantizar el servicio que el sector presta a la sociedad».
La asociación pone también el acento, en cuanto a las necesidades de inversión, en el estrés hídrico acuciante a causa de la emergencia climática. «Sin embargo, en los últimos diez años —afirma—, solo se han ejecutado el 30 % de las inversiones planificadas». Así, el colectivo de gestores considera necesario reforzar, a través de la colaboración público-privada, las inversiones necesarias para afrontar la escasez hídrica, «ser más resilientes y garantizar el suministro de agua para las próximas generaciones».