La patronal de la construcción advierte del aumento de las contrataciones por parte de las administraciones públicas a sus medios propios en directa competencia
01 sep 2024 . Actualizado a las 16:48 h.El récord de contratos públicos por parte de las distintas administraciones del Estado contrasta con la caída de licitadores —en su mayoría empresas del sector de la construcción— que acceden a este tipo de obras. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) alerta de que nunca hubo tantos contratos procedentes de las administraciones públicas y menos empresas compitiendo por los mismos. Una brecha que, según los datos proporcionados por la patronal del sector se ha reducido en más de un punto en los últimos cinco años. «La media de licitadores se hundió durante el pasado año hasta los 2,99 para 220.291 contratos públicos —el nivel más bajo registrado—, mientras que en el 2019 había una media de 4,09 empresas para cada uno de los 150.74 contratos».
La razón de esta desviación se debe, de acuerdo a los análisis de la Confederación, a que las administraciones públicas hacen, cada vez más, «un uso abusivo de sus medios propios», es decir aquellas empresas en las que las entidades públicas tienen algún tipo de participación. Hasta el punto de que «más de siete de cada diez encargos a medios propios se concentraron en 14 empresas públicas en el 2022, creando entidades extraordinariamente grandes; en concreto el 71,04 % de los 3.346 encargos realizados a medios propios. A esto se le ha añadido que, en el 2023, la proporción de competidores para lograr un contrato público se desplomó por primera vez por debajo de las tres empresas (2,99), «dañando la concurrencia competitiva». Y son las pymes las más perjudicadas por esta política, entiende el organismo que representa al sector, porque si «las obras son finalmente encargadas a medios propios, que las ejecutan con unos presupuestos muy superiores y unas condiciones más favorables que los de la licitación original» dañan el negocio de las pequeñas y medianas empresas. «Esa práctica supone un mayor coste para la administración contratante y atenta contra la competencia empresarial lo que podría terminar incrementando el número de disoluciones y de concursos de acreedores de constructoras».
A juicio de CNC, esta falta de concurrencia no solo lastra la competencia empresarial sino que «amenaza la ejecución de los fondos europeos y los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que siete de cada diez euros de los más de 160.000 millones de euros que recibirá España hasta agosto del 2026 van a guardar una relación directa con la construcción», explica la patronal.
La Confederación entiende, además, que cuantas más empresas concurran libremente a las licitaciones públicas mejor será el resultado en términos económicos y sociales, para la Administración y para los ciudadanos.
Pero este no es el único problema que afecta a este segmento productivo. La crisis inflacionista que atraviesan las empresas de la construcción desde hace cuatro años ha sido la causa de que se hayan incrementado las licitaciones desiertas por las tensiones registradas en los precios de los contratos al no existir un sistema de reequilibrio económico