El capital social como bien público
MERCADOS
El Banco de España, en su comunicado del pasado 5 de noviembre, ha evaluado la exposición del sector financiero en las zonas afectadas por la peor dana del siglo XXI, vivida en la Comunidad Valenciana, en torno a 20.000 millones de euros (13.000 correspondientes a créditos a hogares y 7.000 a empresas, de las que el 60 % son pymes). La magnitud de esta catástrofe natural ha provocado una relativamente rápida reacción del Gobierno central, que ha promulgado el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, estableciendo medidas urgentes de respuesta, activando medidas legislativas y estratégicas que puedan ayudar a la gestión y a mitigar los cuantiosos daños causados. Además, la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil también establece un marco regulatorio para la coordinación de administraciones y servicios con el ánimo de acelerar y hacer más eficaz la intervención en situaciones de emergencia de este tipo. Por su parte, tanto las Administraciones autonómica y locales, como la sociedad civil, han activado sus mecanismos de respuesta.
Es precisamente a este último aspecto al que me gustaría dedicar una reflexión en este espacio. Aunque el capital social no puede, ni debe, sustituir estas acciones institucionales, constituye un cemento de cohesión social imprescindible para fomentar la eficiencia y eficacia de las mismas. Adam Smith, señalaba la importancia de la empatía en su Teoría de los sentimientos morales. En un desastre natural, esta empatía se convierte en acción colectiva, desdibujando la línea entre lo económico y lo humano. Cuanto más extendido esté el apoyo entre los grupos sociales, vecinos, amigos, familia, más fuerte será la capacidad de amortiguar los efectos de la catástrofe y más rápida y sostenible será la recuperación. En esta misma línea, Amartya Sen destaca que la verdadera riqueza de una sociedad reside en sus ciudadanos y en su capacidad de enfrentar adversidades de manera conjunta y, por ello, el esfuerzo compartido también ahorra recursos públicos y reduce la dependencia de intervenciones externas, reactivando la economía local.
Es precisamente el capital social, la red de relaciones de confianza y apoyo entre los integrantes de una comunidad, lo que permite articular una respuesta ágil, coordinada y eficaz ante situaciones de desastres como la que nos ocupa, y es por ello que es fundamental para complementar y potenciar las intervenciones gubernamentales, porque la confianza, la cohesión y la solidaridad que genera mejora la coordinación y favorece la distribución de la ayuda y los recursos necesarios. Así, aunque el capital social no reemplaza la asistencia gubernamental, sí la complementa y la potencia, dando como resultado una intervención más integrada y efectiva en beneficio de la recuperación social y económica. La carencia o debilidad del capital social genera redes sociales de apoyo endebles que, además de ralentizar la intervención en lo relativo a bienes materiales e infraestructuras, tendiendo a agravar las pérdidas materiales, no favorece el necesario apoyo psicológico en el entorno de la comunidad, afectando el bienestar social y económico de la zona y dificultando la recuperación. Desde este punto de vista, el capital social actúa como un amortiguador económico: de forma que cuanto más fuerte sea este, menor será la necesidad de recursos externos, mayor será el apoyo mutuo y la estabilidad económica y emocional. De ahí que algunos autores afirmen que el capital social debe ser considerado como un bien público, más que un patrimonio personal de los sujetos individuales, ya que favorece a todos los miembros de la sociedad y no es propiedad de ninguna de las personas que de él se benefician.