La escasez de vivienda está conviviendo con una sobreabundancia de suelos urbanizables a la espera de desarrollo y ejecución. Hay 9,3 millones de viviendas previstas para edificar, según el Sistema de Información Urbana 2023 del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Censo de Población y Viviendas del INE. De este total, 6,8 millones permanecen en situación urbanística de «suelos urbanos no consolidados o suelos urbanizables delimitados o sectorizados», es decir, terrenos que disponen de un planeamiento en desarrollo, aunque paralizado desde hace 20 años. Ese total es un excedente de cada municipio. En Galicia son 286.032 las viviendas paralizadas, es decir, se ha ejecutado un 20,8 % de lo previsto. Si esto se desbloquease, se ampliaría en España un 25 % el parque existente y en Galicia un 16 %. Es una responsabilidad, sobre todo, municipal.
Por otra parte, desde la entrada en vigor de la Ley de la vivienda, la oferta de pisos de alquiler ha caído más de un 30 %. Una de las razones es la limitación en la actualización y elevación de la renta del alquiler. Si la subida no cubre el aumento de la inflación, cabe esperar que esas viviendas se vayan retirando del mercado. Esta reducción de la oferta ocurriría por los incentivos de los propietarios a vender los inmuebles arrendados, y por la menor inversión en la construcción o en la rehabilitación destinada al alquiler.
Se ha comprobado lo que dice la teoría económica: que la fijación administrativa de un precio de alquiler de vivienda inferior al precio de mercado producirá una reducción en la oferta, como en Cataluña. Por tanto, extender esa medida al resto del país supondría tensionar más un mercado que en las ciudades de mayor tamaño y en la de la costa ya está tenso.
Salen a la venta menos de 100.000 viviendas al año, solo un 33 % de las que se necesitarán en los próximos cuatro, pues se espera que se creen 330.000 hogares por año. La escasez de suelo urbanizable se debe a una enrevesada e improductiva burocracia.