El Estado francés impone cada vez más obligaciones ecológicas a empresas y ciudadanos para proteger el medio ambiente, pero es menos escrupuloso a la hora de aplicarse estos criterios en la contratación pública, según el último informe el Tribunal de Cuentas. Solo el 55 % de los contratos públicos del 2023 incluyen criterios medioambientales (emisiones de los vehículos adquiridos, productos de alta eficiencia energética o que incorporen materiales reciclados o el impacto de CO2 de desplazamientos). Las cifras son mejores que en el 2019 (20 %), pero están lejos del 100 % fijado por la Ley de Clima y Resiliencia a partir del 2026. En el 2022, las compras del Estado representaron 60.000 millones de euros (2,5 % del PIB), y el 27 % de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero del Estado.