Transparencia contra las prácticas de corrupción
MERCADOS
Implementar medidas para prevenir la corrupción y garantizar comportamientos ejemplares en las Administraciones públicas es una tarea ingente. El autor propone una entre las agencias anticorrupción autonómicas.
16 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.En una reciente investigación, publicada junto con la profesora María Cadaval en la Revista Española de la Transparencia, realizamos un estudio económico del papel de las principales agencias autonómicas anticorrupción en España. Una tarea que estaba pendiente, pero necesaria para poder señalar el importante papel y la relevancia de estas entidades. Los autores esperamos que, con esta contribución, se conozca un poco más el trabajo de estas agencias.
Como ciudadano y como economista me preocupa mucho la mala praxis en lo que rodea la actuación pública. De ahí la necesidad de contar con organismos que impidan su desarrollo y si esto no resulta posible, contar con instrumentos que sancionen y castiguen estos comportamientos.
Además, hay que tener en cuenta que España es uno de los países con mayor grado de descentralización administrativa, y esto supone un reto añadido para combatir la corrupción pública, por la existencia de agencias anticorrupción subcentrales. De ahí la necesidad de conocer el funcionamiento de las agencias anticorrupción regionales, a la par que realizar una serie de recomendaciones para mejorar su labor. Este precisamente era el principal objetivo de nuestro trabajo.
Hay que poner en valor la importancia de la supervisión de las actividades públicas en un marco tan descentralizado como el que opera el sector público en España. No podemos obviar que la mayor parte del gasto público está gestionado por las comunidades autónomas, lo que pone de manifiesto la necesidad de contar con entidades supervisoras a nivel regional sobre el empleo de los fondos públicos.
Y este proceso de delegación de competencias es cada día mayor, por lo que, además de contar con los recursos necesarios para poder ejercer esta atribución de funciones, es necesario que las comunidades cuenten con los organismos adecuados para el control de sus fondos.
Lo anterior también debe hacerse con los recursos públicos locales, algo que se ha puesto en evidencia en España ante los problemas que hubo en algunos ayuntamientos. De esta mala experiencia aprendimos, una importante lección para no tener que vivir situaciones que seguro todos ustedes recuerdan y que más nos vale que no vuelvan a producirse.
Es preciso potenciar una cultura cívica y transparente multinivel para prevenir la corrupción pública. La existencia de prácticas corruptas no es solo un problema que afecte a las instituciones que gestionan el gasto, sino a toda la ciudadanía. Por lo tanto, las entidades públicas que tienen delegadas las competencias en materia presupuestaria deben tener un comportamiento ejemplar y una de las mejores vías para garantizarlo es a través de la transparencia. Una entidad pública transparente será menos permeable a las malas prácticas y estará en condiciones de garantizar el mejor uso de sus recursos.
Además, si bien es preciso aplicar sanciones para evitar y/o castigar malas prácticas, es también necesario profesionalización e independencia del personal adscrito a estas tareas. Se debe garantizar la independencia, neutralidad política y formación de las personas que trabajan en estas entidades.
Asimismo, hay que coordinar las distintas agencias anticorrupción, para garantizar un marco común que garantice competencias similares entre ellas, mejorando su coherencia, evitando duplicidades innecesarias.
Es conveniente aprender de los errores del pasado. En España, se produjo un importante desfase temporal en la creación de las primeras agencias anticorrupción, tanto desde la óptica nacional como autonómica. Tanto fue así que la primera se formalizó con más de dos décadas de retraso en comparación con el modelo anglosajón.
Además, su creación no ha estado exenta de dificultades, puesto que se requiere una mayor especificidad en sus competencias para mejorar su eficacia. No se trata de dotarlas de múltiples cometidos, sino centrar sus objetivos en aquello que realmente permita combatir la corrupción y mejorar los niveles de transparencia.
Es imprescindible dotar a las agencias anticorrupción autonómica de más recursos. A tenor de los resultados obtenidos del análisis que hemos realizado de su funcionamiento y resultados, es necesaria una mayor inversión pública en activos —humanos y materiales— destinados a la prevención y lucha contra la corrupción.
Esto posibilitaría mejorar la efectividad, a la par que reduciría el porcentaje de denuncias en trámite, algo que es muy necesario para garantizar que las agencias autonómicas anticorrupción funcionen. Si los indicadores de rendimiento de las agencias anticorrupción no son los adecuados, esto no es una buena señal sobre su funcionamiento. Por lo tanto, hay que contar con más estudios y evaluaciones para determinar el modelo más adecuado para prevenir y combatir la corrupción en España, mejorando el conocimiento y la justificación ante la ciudadanía de la utilidad de estas entidades.
Asimismo, hay que evaluar periódicamente las competencias. Solo a través de una evaluación regular se evitarán solapamientos y se mejorará la coordinación en un marco administrativo descentralizado. La evaluación económica del rendimiento de las agencias subcentrales debiera ser algo necesario, lo mismo que la publicación de sus resultados a toda la ciudadanía.
Finalmente, me gustaría destacar el importante papel que está desempeñando el Consello de Contas en Galicia en relación con la lucha contra la corrupción pública y mejora de los indicadores de transparencia. Aunque no se configura como una oficina autónoma de lucha contra la corrupción, sino como una sección, la labor del Consello de Contas es esencial para la supervisión y control de los recursos públicos en la comunidad autónoma.
En este sentido, la sección de prevención de la corrupción del Consello de Contas de Galicia tiene importantes competencias, entre las que destaca: colaborar con las diferentes Administraciones públicas para la creación de códigos de conducta y manuales internos de gestión de riesgos que contribuyan al comportamiento ético; solicitar información a las distintas administraciones de sus sistemas de prevención de la corrupción; proporcionar recomendaciones para la aplicación de sistemas de prevención; desarrollar manuales de gestión de riesgos de y servir de apoyo para conseguir instrumentos que prevengan la corrupción y promuevan la transparencia y el buen comportamiento público.
Como pequeña muestra del ingente trabajo de la sección de prevención del Consello de Contas destacan sus informes y publicaciones en materia de corrupción. Entre ellos es preciso destacar el catálogo de riesgos por áreas de actividad, donde se efectúa una mención especial como área de alto nivel de riesgo a la contratación pública y la metodología para la administración de estos riesgos. Además, no podemos dejar de señalar los documentos relativos a la estrategia en materia de prevención de la corrupción y las directrices técnicas para la evaluación del control interno en las entidades públicas, de especial interés para las entidades locales. Todas ellas, referencias obligadas para implementar actuaciones que limiten y combatan eficazmente la corrupción.
Por lo tanto, un ingente trabajo desde el Consello de Contas de Galicia que debe ser destacado y puesto en relieve para prevenir y combatir la corrupción y mejorar la transparencia de las actuaciones públicas.