ES PROBABLE que tenga razón el PSOE al definir la concentración ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como cacerolada. Es intolerable que cargos públicos de los partidos implicados en la tramitación judicial defiendan sus intereses con los pies en lugar de con la cabeza. Es inadmisible, pero habitual, que Arzalluz utilice un lenguaje altamente provocador. Pero en la cacerola hay un guiso del que no son responsables solamente el PNV y adláteres. El mismo Gobierno que no ha sido capaz de encontrar el punto débil a Arnaldo Otegi es el instigador de una operación que, si alguien no la modera, puede terminar con los huesos de Ibarretxe o de Atutxa, o de ambos los dos, en la cárcel. Sería inquietante que acabaran entre rejas los nacionalistas democráticos y los que dan cobertura a ETA siguieran campando por sus respetos. La intolerancia no sostenida y enmendada del ejecutivo de Madrid ha llegado hasta el todo vale, del que es el más palmario ejemplo la atípica enmienda a una ley que nada tiene que ver con el asunto para modificar el Código Penal contra el lendakari. Con Michavila en Justicia es interminable la sucesión de iniciativas legislativas que se han hecho después de cotejar las primeras planas de los periódicos. Reformas a la medida de la casuística de moda. Sería paradójico que el mismo Gobierno de Madrid que ha instado el procesamiento de Atutxa o del lendakari tuviera que iniciar el trámite de indulto de ambos. En el intermedio, todo hace suponer que se ha conseguido aumentar el número de adictos al Plan Ibarretxe, que se han reforzado las posiciones vociferantes de Arzalluz y que quizá incluso se tuerza el destino del PNV, y el Josu Jon Imaz conciliador, que aparecía hace bien poco como vencedor en las elecciones partidarias, tuviera que ceder el poder o parte de él al radical Egibar. El mundo al revés, al menos el mundo que han construido José María Aznar y Jaime Mayor Oreja, que se dicen centristas pero no son moderados.