EL MODELO económico de gestión sanitaria en Galicia se caracteriza hoy por los siguientes rasgos: a) austeridad retributiva y precariedad laboral (salarios que aumentan por debajo de la inflación y extensión de contratos temporales); b) creciente externalización de servicios (gestionados por empresas y hospitales privados); c) financiación insuficiente (la última reforma ignoró el gasto sanitario no contabilizado; gasto farmacéutico desbocado); d) notables incumplimientos normativos y débil control interno (ver informes del Consello de Contas) y e) descentralización del servicio (transferencia de problemas a las comunidades autónomas que en su desespero proponen o aplican fórmulas ineficaces e injustas: copago e impuesto sobre hidrocarburos). El resultado final es obvio: deterioro del sector público y más listas de espera. Y es que cuando los gobiernos adoran el mercado y desprecian lo público, las consecuencias son las que son. Porque o se privatiza el patrimonio común o las empresas entran en la esfera pública y obtienen notables rendimientos gestionando los servicios. Y esto último sucede en el Sergas. Se controla el salario de los trabajadores (el porcentaje del gasto de personal es decreciente), pero se permite a empresas y proveedores que usen y abusen del resto del presupuesto (60% del total). Aunque el poderío lo ostenta la industria farmacéutica, que además de comerse a bocados el dinero público, monopoliza la investigación, controla la promoción del fármaco, condiciona la formación del médico y propone finalmente las soluciones al problema que ella misma genera (copago). Sanear la economía de la sanidad exige, pues, no perderse en lo accesorio. O sea, obsesionarse en el ingreso (siempre insuficiente) en vez de controlar el gasto. A nuestro juicio, el copago y el impuesto sobre hidrocarburos son sólo distracciones políticas que aplazan sin atacar la raíz del problema. Intentar reducir el consumo de fármacos trasladando parte del coste al usuario, es ignorar que la demanda la genera el médico y no el paciente. Y consumir menos medicamentos por razones de coste tiene efectos negativos en la salud, circunstancia que en la práctica sólo afectaría a las personas de menor renta y a los enfermos crónicos. El resto simplemente pagaría la factura sin reducir el consumo. Por eso hay que analizar primero el torrente de nuevos medicamentos para incorporar sólo aquellos que proporcionan mejoras terapéuticas. El análisis coste/efectividad es aquí decisivo. La prueba de fuego del sistema. Como lo es también aplicar reglas y procedimientos de eficacia probada en otros países. Y firmeza política para llevarlas a cabo. Sólo después se podría hablar y debatir el ingreso.