ANTE la intensidad del debate sobre la financiación sanitaria, puede ser útil recordar algunas cuestiones relevantes. Una, la reforma de la financiación autonómica, aprobada en el 2001, fue un fracaso. Porque no se acertó en la fórmula de integración de la sanidad en el sistema general, porque fallaron los mecanismos correctores y porque se suprimieron además los ajustes quinquenales. Han transcurrido sólo tres años y la sanidad está hecha unos zorros. Un hecho objetivo que debería insuflar prudencia a los políticos, si bien a unos más que a otros. Dos, la sanidad pública es un servicio caro. Porque el envejecimiento de la población exige más recursos (a partir de los 60 años el gasto sanitario es 3,3 veces mayor); porque la demanda crece a medida que aumenta la renta personal; porque la investigación y la tecnología médica son costosas y porque la inmigración genera costes crecientes y desiguales en el sistema. Pero sanidad cara no equivale a sanidad insostenible. Tres, hay que identificar y analizar siempre las causas del déficit sanitario. Así, el gasto corriente del Sergas representa el 97% del total y se articula en tres apartados básicos: a) gasto de personal, que en el período 1996-2002 crece de 100 a 130, b) gasto farmacéutico (hospitalario y extrahospitalario) que en ese período crece de 100 a 187, y c) el resto del gasto corriente, que aumenta de 100 a 156. Los ingresos totales del presupuesto crecen de 100 a 143 y los gastos de 100 a 148. O sea, que si el gasto farmacéutico aumentara como el PIB anual (entre el 6 y el 7 por ciento), el Sergas no tendría déficit en el período mencionado. Un hecho que muestra donde están los problemas básicos. Cuatro, en la comunidad autónoma gallega el crecimiento del gasto farmacéutico se explica por el crecimiento en los precios y por una prescripción mayor (más recetas por pensionista). El crecimiento de las personas mayores apenas explica el 10% del incremento del gasto en el período mencionado. Por otro lado, la experiencia comparada dice que sólo un 7% de los nuevos fármacos justifican un precio mayor por sus mejoras terapéuticas con respecto a los medicamentos que sustituyen. O sea, que los gobiernos se rinden en exceso ante la industria farmacéutica. Cinco, el copago no es la solución. Esta fórmula la propone Farmaindustria y algunos más, pero es una receta que dañaría seriamente a las personas mayores, a no ser que existieran precios discriminatorios en función de la renta, lo que supondría riesgos y costes de gestión elevados que neutralizan el ingreso. Seis, la solución no está, pues, en el copago ni tampoco en aumentar los impuestos si no se corrigen primero o a la vez las ineficiencias y disparates del gasto. Pero de eso los políticos hablan poco.