EL VICEPRESIDENTE Quintana acaba de exigir lo que ya se veía venir desde hace tiempo: que el Gobierno negocie bilateralmente con la Xunta la deuda que supuestamente tiene con Galicia. Es decir, que el Gobierno central trate a Galicia, en lo que se refiere a los dineros, como ha tratado a Cataluña en la negociación del Estatut. Es la primera consecuencia de la chapuza estatutaria catalana, pero no será la última, pues tras la gallega llegarán, previsiblemente, reivindicaciones similares de otros territorios. Y es que al final todo el mundo ha acabado por entender lo pactado entre Mas y Zapatero: en primer lugar, la cantidad a pagar por el Estado español a la Generalitat, es decir, el cacho que, en expresión esclarecedora de Artur Mas, se llevará Cataluña tras el acuerdo firmado en la Moncloa; y, en segundo lugar, algunos de los elementos esenciales de un nuevo sistema de financiación autonómica que, destinado a hacer efectiva la primera parte del acuerdo, se aplicará, sin embargo, a todas las demás comunidades españolas. ¿Se imaginan cómo se habrían puesto Mas, Carod y Maragall si un pacto similar, destinado a afectar a Cataluña, lo hubiera cerrado el Gobierno español con Galicia, Madrid o Andalucía? ¡Claro que se lo imaginan!: los tres se hubieran puesto como fieras y hubieran dicho por tierra, mar y aire que con esos modos no es posible el entendimiento entre España y Cataluña. Por eso, aunque la petición de Quintana resulta explicable por el efecto emulación, lo cierto es que, de generalizarse a todo el territorio nacional, conduciría a una situación descabellada. Pues descabellado sería, sin ningún género de dudas, que el Gobierno central negociase bilateralmente, una por una, con todas las comunidades españolas unas hipotéticas deudas en las que el capital disponible del deudor no es sino el resultado de sumar las aportaciones de los acreedores. ¿O nadie ve que ese dinero del que el Gobierno central puede disponer es el que le permite garantizar la solidaridad y la cohesión territorial, y que sin él no habría ni la una ni la otra? Tan es así que sólo un gran pacto multilateral de largo alcance entre el Estado y el conjunto de las autonomías españolas podrá poner fin a esta subasta interminable. De no hacerse de ese modo, nuestro Estado autonómico acabará siendo como aquella célebre tómbola de la Alameda de Santiago en la que un incansable tombolero canturreaba sin parar: «A por otro, a por otro, a por otro perrito piloto. ¡Que locura, que alboroto, todos quieren el perro piloto!». Con la supuesta deuda histórica convertida en perrito piloto: con eso estamos.