EL ESFUERZO fiscal es un concepto utilizado por la economía pública para dimensionar el sector público a través del ingreso. Su finalidad primaria es medir el porcentaje de renta privada que se detrae vía impuestos para financiar el gasto, aunque su aplicación extensiva se produce en los Estados descentralizados. Porque las haciendas territoriales se financian con tributos que soportan los ciudadanos de la jurisdicción y con subvenciones que pagan los contribuyentes ajenos a ella. En este sentido, los indicadores de esfuerzo fiscal regulan la cuantía de las subvenciones en función del esfuerzo fiscal que realizan los ciudadanos contribuyentes de la jurisdicción, que son a su vez beneficiarios de los servicios. O sea, a más esfuerzo fiscal, más subvención, dicen los federalistas americanos bajo el lema de «ayudar a quien más se ayuda a sí mismo». Los indicadores de presión fiscal son más simples y explican menos. Habitualmente se utilizan para medir el peso relativo del sector público en países distintos, relacionando los ingresos tributarios con el PIB. La presión fiscal también se utiliza para comparar municipios, relacionando en este caso los ingresos por tributos con la población. La utilidad del indicador es satisfactoria si se corrigen algunos sesgos (generados por diferencias entre la población de hecho y de derecho, por la localización de industrias relevantes en municipios pequeños, etcétera). En todo caso, el esfuerzo fiscal es siempre expresión más afinada que la presión fiscal. Así, dos personas pueden soportar la misma presión fiscal (por ejemplo, el 20% de su renta), pero realizar esfuerzos fiscales distintos, si una tiene el doble de renta que la otra. El esfuerzo fiscal exigido por una Administración también se valora y cuantifica comparando el tipo aplicado de un impuesto con respecto al tipo máximo que la ley permite. Pero en Galicia no se habla de estas cosas, pese a que entre 1990 y el 2004 los ingresos tributarios per cápita de sus municipios (con excepción de las ciudades) oscilaron en media entre el 40 y 50 por ciento de esos ingresos en municipios españoles de población similar, mientras su renta disponible por habitante era el 80-90 por ciento de la renta española. Y pese a que abundan también los municipios cuya presión fiscal oscila entre 20 y 30 por ciento de la cifra media española, mientras su renta disponible es el 70-80 por ciento. Los ingresos por el Impuesto de Bienes Inmuebles son casi la mitad de los impuestos municipales, pero el esfuerzo fiscal exigido vía tipo impositivo fue en Galicia el 44% de la media española en el 2003. Las subvenciones que este año entrega la comunidad gallega a sus municipios supera los 300 millones de euros. Que nosotros sepamos, tampoco se menciona el esfuerzo fiscal.