EL DESEMBARCO de empresas españolas ha sido espectacular en lo que me gusta denominar Iberoamérica. Siglas habituales aquí lo son también en muchos de aquellos países. La ola de privatizaciones, que había llegado a la otra orilla a finales del siglo pasado, propició la operación. Recuerdo la satisfacción que producía en Argentina a muchos ciudadanos la rapidez en obtener un teléfono, sin los complejos circuitos de la burocracia estatal. La euforia inicial no podía dejar de cubrir un rescoldo de nacionalismo herido, del que es un paradigma la privatización de una empresa de bandera como las Aerolíneas Argentinas. Se acuñaba en prensa anglosajona el eslogan de «los nuevos conquistadores» que, de alguna manera, hacía inevitable rememorar nuestra gesta en el Nuevo Mundo. Parecía radicar en el subconsciente colectivo cuando un taxista en Santiago de Chile me repitió la expresión. Y recuerdo que el banquero Botín nos advertía de lo mismo hace unos años en una reunión con la entonces cúpula de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. La coyuntura actual ofrece una ocasión propicia para que se reverdezca ese sentimiento, como evidencian decisiones de los Gobiernos de Bolivia o Ecuador sobre gas y petróleo. En el primer caso, las expresiones empleadas no dejan lugar a la duda. El proceso de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales no sólo, se dice, ha significado un grave daño económico al Estado, sino además un acto de traición a la patria. En consecuencia, se declara la recuperación de la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los recursos. No parece que permitan una marcha atrás. La ecuatoriana ley reformatoria de la de hidrocarburos utiliza palabras menos contundentes, limitándose a concretar la participación del Estado en excedentes de venta de petróleo por superar su precio el vigente a la fecha del contrato con las compañías correspondientes. El campo de juego estará en la negociación de nuevos contratos, con la vía abierta al Centro Internacional de Arreglos de Divergencias relativas a Inversiones, CIADI, órgano autónomo ligado al Fondo Monetario Internacional, para el posible arbitraje. La cuestión rebasa el ámbito puramente privado. Los movimientos indigenistas que han sido clave del triunfo de Evo Morales, presentes también en la pugna electoral en Perú y Ecuador, llevan consigo un cierto revisionismo de la presencia de España en la historia de los países americanos. Reclama una política exterior inteligente y de largo alcance en sus objetivos, que colabore a contrarrestar la imagen distorsionada de un dominante interés económico, que se presenta como una nueva colonización. Somos el puente natural entre la Unión Europea y América y podemos ser vistos allí como una alternativa también natural a EE.?UU., sin tener que presentarnos como antiyanquis. Los ámbitos cultural y educativo ofrecen magníficas oportunidades. El canje total o parcial de deuda por educación puede ser útil en la negociación de conflictos puntuales. Crear el espacio iberoamericano de enseñanza superior supera los apremios coyunturales. No es más arduo que el europeo acordado en Bolonia. Es el objetivo perseguido por el Consejo Universitario Iberoamericano, integrado por quienes representan los sistemas universitarios de Iberoamérica. La idea se alumbró en el Pazo de Mariñán, cuando tuve alguna responsabilidad en las relaciones internacionales del conjunto de las universidades españolas. De aquella época es también una fundación para el impulso del doctorado en Iberoamérica, alentada por Mariano Rajoy desde el ministerio y enterrada por su sucesora. Acompañar políticas de esa naturaleza a las iniciativas empresariales es reencontrarnos con nuestra historia. El escritor mexicano Carlos Fuentes la sintetiza en unas palabras que quizá no nos atrevamos a pronunciar: «Nadie, nunca, sobre territorio tan vasto, ha construido tanto, con tanta energía y en tan poco tiempo, como España en América. Ciudades con imprenta, Universidades, pintores y poetas, un siglo antes de que todo eso apareciese en Angloamérica».