AUNQUE con evidente retraso, socialistas y nacionalistas han alcanzado por fin un acuerdo básico sobre los contenidos que debe abordar la reforma del Estatuto de Galicia. No podía ser de otra manera, si se considera que hubiese sido muy difícil justificar la continuidad de un gobierno de coalición cuyos socios mantuviesen posiciones irreconciliables sobre el instrumento que ambos consideran estratégico para la modernidad y el progreso de Galicia. Naturalmente, la iniciativa unitaria de las dos fuerzas que sostienen al Gobierno gallego ha puesto la pelota en el tejado del PP. En efecto, existiendo ya un proyecto del gobierno, el Estatuto necesita ahora para su reforma el respaldo de los dos tercios de la Cámara, es decir, requiere, a diferencia de lo sucedido en Cataluña y Andalucía, el inexcusable concurso del PP. Ello confiere a Núñez Feijoo un gran poder de decisión, pero también una gran responsabilidad. Porque una cosa es que el nuevo líder del PPdeG aspire a que su partido -el más votado- juegue un papel relevante en la elaboración del texto que va a regular nuestra convivencia, y otra muy distinta que, por motivos espurios, utilice la capacidad de decisión que le otorga la norma vigente para hacer descarrilar el tren de la reforma. Así pues, le guste o no, Alberto Núñez se enfrenta a una difícil disyuntiva: asumir la responsabilidad de proponer para Galicia un Estatuto de rango inferior al de Cataluña y al de Andalucía, o plantar cara a la dirección de su partido, pues ésta difícilmente respaldará en Galicia las propuestas que ha descalificado con inusitada dureza en aquellas comunidades. Tampoco Touriño y Quintana, pese al acuerdo alcanzado, están exentos de serios problemas. Llegado el momento, seguramente tendrán que decidir si aceptan las presumibles exigencias del PP, asumiendo de hecho un nivel de autogobierno inferior al alcanzado por otras comunidades autónomas, o si retiran la propuesta de reforma a la espera de una correlación de fuerzas más favorable. Porque supongo que no se embarcarán en un complejo proceso político -referéndum incluido- para realizar una simple operación cosmética en el actual texto estatutario. En estas circunstancias políticas, ni el Gobierno puede pretender la adhesión incondicional del PP -45% del electorado- a sus tesis, ni el partido de la oposición subordinar las necesidades de Galicia a los intereses personales y electorales de Rajoy y su equipo. Pero con independencia de las dudas o recelos que pueda suscitar la actual deriva autonómica, o la forma en que las reformas estatutarias se están produciendo, Touriño, Quintana y Feijoo tienen como primera obligación defender los intereses de Galicia en el contexto del debate abierto en España sobre el modelo de Estado y el reparto del poder territorial. Veremos.