RECONOZCÁMOSLO. Tenemos en España un grave problema con el funcionamiento de algunos órganos y poderes a los que formalmente hemos proclamado como «independientes». Un ejemplo extremo de ello lo hemos tenido en el reciente episodio en el que el Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional cuya función es precisamente la de velar por la independencia de la justicia, se ha desentendido de la más que razonable concesión de amparo a un célebre juez. Visto desde una perspectiva más general, el problema va mucho más lejos y afecta también a otras políticas y a otros ámbitos del Estado, muy particularmente a los órganos independientes de regulación económica. La creación a partir de los ochenta de este tipo de organismos tenía como fin aplicar con alta solvencia técnica las políticas dirigidas a poner en orden asuntos y mercados tan decisivos como las finanzas, el sector eléctrico, las telecomunicaciones o la seguridad nuclear. Por amplio consenso se aceptó que el buen funcionamiento de las Comisiones Nacionales del Mercado de Valores (CNMV) o de la Energía (CNE) exigía su alejamiento de las luchas políticas concretas: sólo así cumplirían con el requisito básico de credibilidad, imprescindible para hacer frente a mercados cada vez más liberalizados y complejos. La actuación de estos organismos, deficiente desde sus inicios, lo fue aún más durante la era Rato, cuya política económica -que tuvo virtudes evidentes- encontró en este punto uno de sus fallos más visibles: la interferencia de la política (en muchos casos, de la pequeña política) sobre la acción de los reguladores se vio por entonces reforzada. ¿Cómo no recordar la borrascosa gestión del caso Gescartera, que tanto desprestigio acarreó a un órgano tan sensible como la CNMV? O en el caso de la Comisión de la Energía, ¿cabe actuar con mayor parcialidad a favor de intereses específicos que lo que ésta hizo cuando el desgraciado asunto del «millón de las eléctricas» (generoso pago público en concepto de costes de transición a la competencia)? Pero tampoco en el período más reciente se han dado pasos significativos en la buena dirección. La actuación, que cuanto menos origina dudas, de la CNE en relación con las condiciones para las opas de Endesa, o el caso, menos conocido pero más grave, del Consejo de Seguridad Nuclear, del que se sabe que incumple sistemáticamente su función sancionadora, prueban que las injerencias de todo tipo con las decisiones de los órganos reguladores siguen estando a la orden del día. La necesidad de corregir esta rémora estructural, que resta credibilidad y eficacia a la política económica española, exige reformas urgentes.