EN LA actualidad hay muchos miles de personas, especialmente jóvenes, imposibilitadas para comprar una vivienda ante sus desorbitados precios, y que también tienen dificultades de acceder a un alquiler ante la renuencia de los propietarios de pisos a entrar en el mundo del arrendamiento. Algo falla en el mercado de la vivienda cuando no se cruzan debidamente oferta y demanda. Y de ahí el sinsentido que supone que en España haya, al parecer, tres millones de viviendas vacías cuyos propietarios prefieren verlas desocupadas que alquilarlas, renunciando a una renta por su utilización. A ese vaciamiento de viviendas se le ha pretendido poner coto, propiciando sistemas, creo que inadecuados, por alguna comunidad autónoma (Cataluña y el País Vasco), que perseguían articular una especie de expropiación temporal o en otro caso imponer un impuesto por la desocupación. Esas iniciativas, aparcadas ante la discrepancia del Gobierno central, son en cualquier caso de difícil puesta en marcha al enfrentarse al sentido común que ha de impedir la plasmación de semejante desafuero (piénsese en la desigualdad que supondría el no gravar la tenencia de un depósito de dinero y gravarlo si ese depósito se convierte en bien inmueble vacío). Pero el problema continúa. Hay muchos que necesitan y ansían alquilar un piso y hay otros muchos propietarios que prefieren renunciar a una renta y tenerlos vacíos. Pero como ocurre en general, las cosas tienen su razón de ser. El que arrienda un piso, además de perder la posesión a cambio de una renta, entra en un mundo de incertidumbres. Se arriesga, por ejemplo, con la posibilidad de que no se le pague por morosidad y de que tarde mucho tiempo en recobrar la posesión de su inmueble. Los trámites procesales, rápidos en teoría, en la práctica suelen ser lentos y el desahucio por falta de pago se alarga habitualmente mas allá de lo aceptable, ante la desesperación del arrendador, que además sufre ante el estado en que va a encontrar su vivienda. Para remediar las disfunciones existentes son necesarias reformas legislativas que permitan un cruce de intereses entre unos y otros, tales como instaurar órganos judiciales específicos o crear alicientes a los arrendadores potenciales como el permitir pactos entre las partes distintos a los preceptos legales o estudiar medidas de favorecimiento fiscal. En cualquier caso, evitar que el mercado de viviendas de alquiler siga bajando del 20% hace veinte años al 10% en la actualidad. Ante las dificultades, la peor medida es la que no se toma, que en este caso supone el aceptar que cada día haya menos viviendas en alquiler y con ello menos personas que pueden acceder a una vivienda.