E s imposible que quien navegue por Internet no haya utilizado alguna vez los servicios de Megaupload. Y hay que ser muy ignorante o muy hipócrita para no ser consciente de su uso. A nadie se le escapa que la piratería es uno de los vectores que alimentan la pujanza de la Red. Con independencia del juicio, moral y penal, que merezcan los detenidos, que se han lucrado, ¡y de qué manera!, con este tipo de servicios, la propia magnitud de las cifras reveladas a propósito de la operación del FBI revela la existencia de una enorme demanda insatisfecha. Porque lo contrario nos llevaría a la conclusión de que la inmensa mayoría de los internautas son (somos) unos delincuentes. No pueden ser obviados los intereses legítimos de los autores, que deben ser debidamente protegidos, pero hay más derechos en juego e incluso en conflicto. Y esto es algo que las autoridades norteamericanas han soslayado. En defensa de unos intereses particulares, los de su industria audiovisual, han despreciado los derechos de millones de personas en todo el mundo, han pisoteado el derecho internacional y han puesto en evidencia los límites del Estado actual.
Una vez más, porque las costuras de los Estados ya habían saltado con la recesión. La autonomía de la política respecto de la economía siempre ha sido limitada, por mucho que el Estado moderno surgiera como el espacio natural de la política, fuente natural del poder, que se ejerce mediante la ley, expresión de la voluntad popular. Si entendemos el poder como la capacidad de influir en las acciones de los agentes sociales para que se cumplan ciertos intereses, en democracia se ejerce por delegación, se legitima por asentimiento de quienes lo delegan y se ejerce en la procura de intereses que son comunes y compartidos por todos los ciudadanos. Pero hace ya mucho que el poder político sirve preferentemente a los intereses de los mercados. La globalización propiciada por la desregulación financiera ha laminado la capacidad de intervención de los Estados. Su asfixia económica los ha dejado a merced de los acreedores.
Pero el endeudamiento, público y privado, no ha sido solo fruto del dispendio y la mala gestión, que también. Ha sido fruto, asimismo, de unas burbujas especulativas que han enriquecido a unos cuantos. Los mismos que han presionado en favor de reformas fiscales que les han servido para escapar del fisco. Y ahora imponen políticas de severos recortes que condenan a la pobreza a una amplia capa de la población y hacen recaer sobre la inmensa mayoría el coste de la crisis. Por eso, la política debe recuperar el espacio que le corresponde, porque nos jugamos la democracia. Pero otra política, hecha desde la transparencia y desde la conciencia de que debe estar al servicio de todos. De lo contrario, los ciudadanos se sentirán excluidos y, en una natural tendencia hacia la seguridad, podrían anteponer las soluciones a los principios. Aunque eso nos lleve a peligrosos procesos que no están muy lejanos en la historia.