Por encima de errores, incompetencias y hasta irresponsabilidades, lo que llama la atención es la absoluta ceguera de la clase política, la banca, la justicia y en general todo el conjunto de nuestros próceres ante la peligrosa y creciente ola de indignación que están generando entre la población. No se trata solo de sus evidentes responsabilidades en una crisis que está minando la renta, la dignidad y la autoestima de los españoles. Lo que de verdad indigna, lo que supone un escarnio y alimenta la ira, es su terca negativa a admitir cualquier error. Su obstinación temeraria en querer convencernos de que todo lo hicieron bien y de que si estamos en la ruina es debido a una especie de conjunción astral en la que ellos no han tenido participación o responsabilidad alguna. Es ese orgullo maleducado, esa soberbia prepotente que les impide concebir la posibilidad de pedir perdón, lo que de verdad amenaza con provocar un verdadero estallido social cuando, a la vuelta de las vacaciones, comprobemos que no solo han dejado vacía la despensa del país, sino que no hay dinero para llenarla ni haciendo la compra en el chino del todo a cien.
Es imposible acudir hoy a un acto oficial en Madrid sin toparse a la salida con grupos de personas que insultan a los políticos o altos cargos, los culpan de su situación y los acusan de condenarlos a la pobreza mientras mantienen su coche oficial. Ayer mismo pude comprobarlo. Y ante ese más que justificable desahogo ciudadano, la respuesta sigue siendo la misma, independientemente del color político del señalado: «No hemos hecho nada malo, no hemos cometido ningún error y no tenemos nada por lo que pedir perdón». Produce estupor, por ejemplo, que después de haber tenido que abandonar el cargo por un escándalo de malversación de fondos públicos del que incomprensiblemente sale indemne, el expresidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, tenga la desfachatez de reclamar una recompensa de 208.243 euros en un momento en el que casi seis millones de españoles se encuentran en el paro.
Pero la mayor lección de hipocresía, el mayor insulto a los ciudadanos, se produjo la semana pasada con las comparecencias de ex altos cargos y banqueros en el Congreso. Los verdaderos responsables de un desmoronamiento del sector financiero que le va a costar 100.000 millones de euros a los españoles no solo no han asumido responsabilidad alguna, sino que han insistido en seguir dando lecciones sobre lo que se debería hacer en el futuro. Personas que deberían pedir perdón casi de rodillas, algunos de ellos imputados ante la Justicia por sus presuntas graves fechorías, siguen comportándose como déspotas y diciéndonos que, de haber algún culpable, somos nosotros, y no ellos. Si siguen así, terminarán teniendo que amurallar no solo el Congreso, sino cualquier edificio oficial para protegerse de los ciudadanos.