Mientras Andrea Fabra siga ocupando su escaño, el Congreso español es indigno. Porque no puede ser diputada, formar parte de la máxima representación de la soberanía popular, alguien que desprecia e insulta a millones de personas. A los que peor lo están pasando en esta crisis interminable. Es cierto que muchos en su partido piensan lo mismo. Pero ha sido ella la que lo ha verbalizado convirtiéndose en el símbolo del discurso de la extrema derecha, antisocial y elitista.
Y por eso se tiene que ir del Parlamento. Pedir perdón primero e irse después. A buscar trabajo, por primera vez en su vida. A inscribirse en una oficina del Inem. Porque Andrea Fabra no trabajó nunca. Gracias a su papá, el imputado presidente de la Diputación de Alicante, pasó de estudiante a senadora con 27 años. Y a vivir. A vivir, por ejemplo, en una casa de varios millones de euros en una de las urbanizaciones más lujosas de Madrid. Está tan alejada de la realidad que se atreve a decir en público lo que oye decir en las reuniones de su partido: los parados son unos vagos que no trabajan porque no quieren. Por eso Rajoy les recorta la prestación, para obligarles a trabajar. Y si no lo hacen, que se fastidien. Este discurso, además de reaccionario, es absolutamente falso. En España hay 6.264.926 personas inscritas en las oficinas públicas buscando empleo. Como algunas quieren mejorar de empleo, o trabajar parcialmente, o están en cursos de formación, la cifra oficial de parados es de 4.587.455 personas, que se eleva hasta 5.693.100 si tomamos los datos de la encuesta de población activa. Esto significa que, según la fuente que se utilice, hay entre dos y tres millones de personas en paro que ya no cobran ningún tipo de prestación.
Argumentar que bajar la prestación incentiva la búsqueda de trabajo es sencillamente falso, además de un insulto contra millones de personas que sufren con agonía una situación de extrema precariedad.
Más aún, los que cobran prestación cobran poco o muy poco. La cuantía media de la prestación contributiva es de 865 euros en doce pagas (no hay extras en el Inem). Pero la mayoría de los que tienen protección por desempleo, el 60 %, cobran un subsidio de tan solo 426 euros, una cifra que los coloca en el nivel de pobreza. En España la cobertura a los desempleados es baja, entre otras cosas porque la mitad de los parados son de larga duración y por lo tanto agotan las prestaciones y se asoman al abismo de la exclusión social.
En España hay más de 1,7 millones de familias con todos sus miembros en paro y en casi 5 millones de hogares hay al menos una persona en paro. Prácticamente en todas las familias se vive, más cerca o más lejos, el drama del desempleo. Por eso cuando Andrea Fabra insulta a los desempleados nos insulta a todos. O a casi todos, al 99 % de la sociedad. Andrea Fabra no nos representa. Es indigna de estar en el Parlamento. Por eso se tiene que ir. Y Mariano Rajoy aprovechar esa circunstancia para cambiar su política de criminalización de los parados, asegurando una renta mínima de subsistencia que les dé una esperanza.