Asistí estupefacto a las declaraciones que Serafín Castro, el mayor responsable policial de la investigación de la terrible desaparición de los niños Ruth y José, realizó en un programa de Telecinco. En mi ingenuidad, consideraba que las actuaciones policiales estaban sometidas al secreto profesional y que solo se hacían públicas cuando se levantaba el secreto del sumario y, en ese caso, exclusivamente en los aspectos reflejados en el mismo.
Pero observo como un alto cargo de la Policía Nacional acude a un programa sensacionalista y se despacha a gusto sobre aspectos confidenciales de una investigación que incluye a personas (por ejemplo, familiares del acusado) no inculpadas. Igualmente, no se ahorra todo tipo de interpretaciones personales, por fundadas que puedan parecer, renunciando a la prudencia que su cargo le exige. Parece que en nuestra sociedad nadie ve respetada su declaración privada, ni el criminal ni el inocente.
El efecto que esto produce es que el imperativo del dar a ver ya no conoce límites (en este caso amparado por el Ministerio del Interior, ya que es inconcebible que este mando policial acudiera a este programa de televisión sin su autorización). A este mismo efecto contribuye la presencia, en ese mismo programa, del representante del Sindicato Unificado de la Policía.
Estoy seguro de que lo expresado hasta aquí es compartido por la mayoría de los miembros de la policía que consideran que el secreto de sus intervenciones, especialmente cuando no llegan a formar parte de la instrucción judicial, constituyen una garantía democrática.
Contamos con una Ley de Protección de Datos de carácter personal porque el derecho al secreto es una de las claves de la libertad. Sin embargo, vemos como el imperativo de mostrarlo todo se impone hasta en los lugares en los que la prudencia, la contención y la mesura son una garantía de credibilidad y confianza.
Un funcionario público, como cualquier ciudadano, puede opinar e interpretar los hechos de actualidad salvo que estos sean objeto de su práctica profesional. En ese caso, debe limitarse a hacer declaraciones e informes oficiales. De lo contrario, degrada su propia palabra y su función.
Resulta inconcebible que un cargo policial no se desmarque de la sociedad del espectáculo. No debemos olvidar que los cuerpos de seguridad del Estado solicitan con frecuencia la colaboración ciudadana. Pero, ¿podemos confiar la verdad a quien no guarda el secreto?