Cuando la justicia es una ejecución

Fernando Ónega
Fernando Ónega DESDE LA CORTE

OPINIÓN

09 nov 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

Una vez más tenemos que exclamar: ¡Ya era hora! Ya era hora de que nuestros políticos sintieran vergüenza de que el 15-M fuese más avanzado que ellos en el drama de los desahucios. Ya era hora de que asomara su sensibilidad social y dijeran algo tan sencillo como «algo hay que hacer». Y ya era hora de que los dos principales partidos se empezaran a poner de acuerdo en intentar una solución. Con ese alborozo saludo la primera reunión de Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano y saludo su voluntad política de actuar, y con urgencia. Que a su pacto se sumen otros partidos, como reclama Cayo Lara, es en estos momentos un detalle menor.

Pero no nos engañemos. El mero hecho de convocar una reunión de expertos para el próximo lunes sugiere la complejidad del problema. Hay, en primer lugar, un claro conflicto de intereses entre bancos y deudores, presentes y futuros, que no se puede resolver con los resortes demagógicos que observamos en tertulias y comentarios. Y hay, en segundo término, tal disparidad de situaciones que resulta difícil establecer una norma general. Aunque siempre sea dramático, no es igual el caso de unos padres mayores que avalaron a sus hijos y pierden su propia vivienda que el caso de quien arriesgó demasiado al firmar una hipoteca. Y no es igual el ejemplo de quien lleva (caso real) 17 años pagando y lo pierde todo que el de quien está al principio de su amortización.

Lo que sí creo es que se pueden establecer prioridades que deben partir de la drástica reforma de la Ley Hipotecaria, que data de hace 103 años. Y después, atender a quien tiene hijos o personas mayores a su cargo; cuidar que nadie se quede sin techo, ni de familia ni de amistades; promover el alquiler social para los más desprotegidos; no practicar la ejecución hipotecaria automática; facilitar la negociación con los bancos a efectos de corregir suelos y plazos; prohibir los intereses de usura que se cobran cuando se produce un retraso en el pago; estudiar el modelo francés que prevé moratorias. Y añado una idea que quizá no sea tan descabellada: ¿sería posible que el desahuciado con recursos pudiera pagar el precio por el que se entregaría la vivienda al banco malo?

Esperemos las aportaciones de los expertos desde una intranquilidad: no será igual el dictamen de uno próximo a la banca que el de un simpatizante de Izquierda Unida. Y tomemos nota de lo último: hasta los jueces están hartos de firmar ejecuciones hipotecarias, a sabiendas del drama que provocan. Si los políticos no fuesen capaces de llegar a un acuerdo, yo les invitaría a la rebeldía, a la huelga, a negarse a firmar un desahucio más. Porque hay veces que administrar justicia es auténticamente una ejecución.