Desde que se inició la transferencia del Insalud a las comunidades autónomas se ha desarrollado un debate en torno a costes y eficacia en la gestión de la sanidad pública. Al tiempo que la Ley General de Sanidad del poco recordado ministro Ernest Lluch iba siendo preterida.
Acertadas medidas en la gestión sanitaria desarrolladas por los diversos Gobiernos dieron resultados desiguales. La consolidación de un cuerpo de gestores sanitarios, por cooptación política, donde de todo hay como en botica, y los análisis por ellos desarrollados llevaron a nuevos paradigmas de gestión. De todo ello tuvimos prueba aquí en Galicia, y seguimos ensayando.
El no va más de tales paradigmas fue el ensayo, comenzado en 1999 en la Comunidad Valenciana, con el hospital de Alcira, de concesión administrativa para gestión privada con dinero público, convertido hoy en modelo Alcira. Modelo en expansión en el entorno político popular más castizo, con cuatro hospitales de la Comunidad de Madrid, más un servicio de laboratorio externalizado para otros seis, o un servicio regional de resonancia de Valencia, junto con otros hospitales varios. Si bien se desarrollaron también ampliamente otras fórmulas de gestión publico-privada, en la que se han externalizado los servicios no sanitarios, pero se mantienen públicos todos los sanitarios.
Estigmatizando lo público por su maldad, frente a la bondad de lo privado, en una denodada lucha ideológica y política, maniquea y sin datos contrastados, la gestión de la sanidad fue convirtiéndose en el mayor campo de pruebas para la gestión de lo público. Lo que obedece a su potencial inversor -supera la tercera parte del gasto público de las comunidades-, y por tanto con un elevado potencial de negocio.
Ahora, el sucesor de Esperanza Aguirre anuncia la privatización de seis hospitales públicos y la reconversión de otros, escudándose en «para el mismo tipo de atenciones, el coste en hospitales públicos es mayor». Por más que la realidad sea que un hospital público de primer orden, como La Paz, tenga un coste por cama un 35 % inferior al asignado a otro, modelo Alcira, como es el hospital Infanta Elena.
Anuncio que es detonante de la marea blanca y de un malestar generalizado, evidenciando lo que ha sido obvio en estos años: un sistema sanitario de planificación poco rigurosa, deficiente gestión y aun así, el tercero mejor del mundo, con cobertura universal y un coste de apenas un 10 % del PIB. Por ello, me pregunto: ¿tendrán algo que ver sus profesionales?, y también: ¿por qué en tanto debate político sanitario nadie hace referencia a lo que sucede en el País Vasco?
Enhorabuena, el hospital de La Princesa seguirá siendo hospital. Se defiende.