E n los diversos diarios aparecía una noticia escueta: «Al entrar en el piso a ejecutar la sentencia de desahucio, se encontraron con su propietario ahorcado». Todos aquellos ejecutores de tal orden, desde los máximos responsables -el banco- hasta las instancias jurídicas y los agentes, quedarían, suponemos, horrorizados ante el acto que tuvieron que llevar a efecto. De hecho, estos suicidios y las movilizaciones que venían realizando los afectados han constituido un revulsivo que ha llevado al Gobierno y a otras instancias a tomar medidas para parar los desahucios.
El suicida volvió sobre sí lo que, para el decir del vulgo, debería haber hecho a los culpables de su desahucio.
El suicidio es una opción -no debe patologizarse la vida- que, al decir de Hana Arendt, «quizás estén en lo cierto los filósofos que nos enseñan que el suicidio es el garante supremo de la libertad humana»; o bien Wittgenstein, para quien «el suicidio es el eje sobre el cual gira todo sistema ético».
Este acto suicida, como opción forzada y suprema, creemos que supuso para este y otros propietarios la forma última y testimonial de denunciar una injusticia y una impotencia «dando la vida» como protesta y acto de rebeldía. En última instancia, el suicida siempre se lleva con él la clave de su decisión y solo él podría dar cuenta de lo que le llevó a ese final, que nos deja abocados a todo tipo de interpretaciones y valoraciones. De todas formas, su acto merece ser acreedor de respeto y de nuestra consideración.
La vivienda de la que se les desahucia no es simplemente esa estructura física arquitectónica e inmobiliaria. Representa y constituye algo de uno mismo, una prolongación del cuerpo, parte de la vida, del entorno, del refugio y el acogimiento, del acomodo, de la posesión y la seguridad, etcétera.
Trasciende para el desahuciado lo que para las entidades financieras supone una mera transacción inmobiliaria -al menos para quien lo habita como su morada y no lo tiene como objeto de especulación- y es de esto de lo que el suicida deja constancia como testimonio al ahorcarse en su propia casa. Si me quitan mi casa, me quitan mi vida. Que se la lleven. «Dejo el muerto» a quien viene por mi vida. Fue acaso la forma de señalar su dignidad y su testimonio de impotencia, de rechazo y de hacer justicia.
Hay héroes y mártires a los que se ensalza por ofrecer su vida por un ideal. En este caso, la vida ofrecida por este y otros propietarios ensalza el valor de «hacer un alegato» (en palabras de Rosa Montero), de denunciar aquello que ahora todos reconocen como injusto e inhumano. Las propias recientes declaraciones del presidente del Gobierno así lo testimoniaban al referirse al respecto: «Están sucediendo cosas terribles e inhumanas».
Estos suicidios, así como otras muertes en vida que no nos son conocidas, testimonian y pagan con su vida el ser víctimas de la codicia del capital.
Hay una propiedad que no es embargable, que corresponde a lo que representa y forma parte del derecho, también y además, de la vida: la vivienda. Derecho reconocido por la Constitución. Pero no reconocido por la codicia y la rapiña sin medida, de la cual esta crisis manifiesta su cara más cruda.
A veces, para algunos, aunque hay otras formas de luchar y de manifestarse contra lo injusto, solo queda «dejarles el muerto» ante esa inhumana y brutal codicia especulativa que mata sin disparar, ni hacerse cargo de lo que destruye y aniquila. Como expresa Máximo en una de sus viñetas, «no nos queremos enterar de que la ley del desahucio multiplica la pena de muerte».
FIRMAN ESTE ARTÍCULO, además de Federico Menéndez Osorio, psiquiatra; Tiburcio Angosto, jefe de servicio de Salud Mental del CHU de Vigo; Chus Gómez, psiquiatra del servicio de Salud Mental del CHU de Ourense; Manuel Desviat, psiquiatra de los servicios de Salud Mental de Madrid; Onésimo González, psiquiatra, Huelva; Luis Vila, jefe de servicio de Salud Mental del CHU de Lugo; José Filgueira, psiquiatra de los servicios de Salud Mental de Gijón; Rubén Touriño, psiquiatra, Barcelona; Iñaki Márquez, psiquiatra de los servicios de Salud Mental de Basauri; Juan J. Martínez Jambrina, psiquiatra de los servicios de Salud Mental de Avilés; Alberto Ortiz Lobo, psiquiatra de los servicios de Salud Mental de Madrid; Ramón Area, psiquiatra de los servicios de Salud Mental del CHU Santiago de Compostela; Fernando Iglesias, psiquiatra de los servicios de Salud Mental del CHU A Coruña; Fernando Márquez, psiquiatra, A Coruña; María Jesús Acuña, jefa de sección del servicio de Salud Mental de Pontevedra; Javier Pérez Montoto, coordinador de los servicios de Salud Mental del CHU Vigo; David Simón Lorda, psiquiatra de los servicios de Salud Mental del CHU Ourense; Antón Seoane Pampín, jefe de sección de los servicios de Salud Mental del CHU Vigo; J. M. Garcia de la Villa, psiquiatra, Vigo; Víctor Pedreira, psiquiatra de Salud Mental de Pontevedra; M.ª Victoria Rodríguez García, psiquiatra, Vigo; Alcira Cibeira, psiquiatra de los servicios de Salud Mental del CHU Ourense; Elena Gato, psiquiatra de los servicios de Salud Mental del CHU Lugo; Jesús Alberdi, psiquiatra de los servicios de Salud Mental del CHU A Coruña; Yolanda Castro, psicóloga clínica de los servicios de Salud Mental del CHU Ourense y José A. Campos, psiquiatra de los servicios de Salud Mental del CHU Ourense.