Rien ne va plus (no va más) es la expresión con que el crupier anuncia a los jugadores que en una tirada ya no caben más apuestas. En España, con la corrupción política, estamos en esa situación: sencillamente, no va más. Y es que cuando en un país pueden estar abiertas de forma simultánea tres investigaciones judiciales de la gravedad del caso Bárcenas (que afecta de lleno al partido del Gobierno), el de los ERE (en el que están implicados el principal partido de la oposición, los dos grandes sindicatos españoles y la comunidad más poblada del país) y el caso Urdangarin (que ha dejado al pie de los caballos a la Jefatura del Estado) toca decir en voz bien alta ¡no va más!
Un ¡no va más! que significa que, vista la gravedad extrema de la corrupción política, la actitud de los partidos -oscilante entre el empeño en negar las evidencias más palmarias y la desvergüenza de recurrir al «y tú más»- supone no solo una indecencia sino una irresponsabilidad, pues ni la política del avestruz ni la del ventilador de la basura podrán evitar que la carcoma de la corrupción política acabe por llevarse por delante el prestigio, ya muy golpeado, que aún les queda a instituciones y partidos.
No va más, y porque no va más ha llegado la hora de constituir en España una comisión nacional de encuesta que tenga por objetivo primordial levantar acta de en qué situación nos encontramos en materia de corrupción política, de cómo hemos podido llegar adonde estamos y de cuáles deben ser las medidas a adoptar para comenzar a poner coto a una grave enfermedad que podría acabar por convertirse en una epidemia fuera de control.
Tal comisión no debe ser, además, una de las de investigación parlamentaria ya conocidas, comisiones que no han servido habitualmente para nada. La comisión nacional de encuesta no puede estar en manos de los partidos -aunque obviamente los partidos deben participar en su formación-, sino que ha de constituirse con la mayor amplitud e independencia que quepa asegurar: en ella deberían tener, por tanto, un papel notable los expertos sobre los temas a estudiar, las delegaciones de las instituciones estatales, locales y autonómicas, las representaciones de los grupos sociales y las de las instituciones nacionales de control.
El modelo a seguir sobre sus conclusiones, si queremos que sirvan para algo, debería ser, en fin, el de la comisión nacional sobre los ataques terroristas del 11-S constituida en Estados Unidos tras la catástrofe de las Torres Gemelas y el Pentágono. Porque de lo que se trata no es de que todo el mundo salga de la comisión convencido de que son los otros los culpables, sino de que se diagnostique con honestidad y con certeza cómo ha sido posible que la corrupción se haya adueñado literalmente de importantes sectores del país.