Que el caso Bárcenas y el de los ERE andaluces son dos escándalos de descomunales proporciones es algo que ya nadie sensato se atreve a discutir.
Bárcenas ha acumulado una fortuna espectacular, sin que se sepa -por más que se sospeche con fundadísimos motivos- de donde proceden los millones que ha conseguido acumular. En cuanto a los ERE tramitados en Andalucía de forma fraudulenta y presuntamente delictiva, la sospecha de que estamos ante un caso de corrupción política de gigantesca dimensión se sostiene en una continuada sucesión de hechos ya imposibles de ocultar.
Pese a sus notables diferencias, ambos escándalos tienen en común elementos fundamentales para el funcionamiento de la política española.
Bárcenas fue durante años el tesorero del PP y es muy difícil creer que haya podido acumular su fortunón sin recurrir a la financiación irregular de la organización política en la que militó, lo que planeta la cuestión fundamental de quienes en ella estaban al corriente de sus actividades y de quienes se beneficiaron, de un modo u otro, de los fondos recaudados por él durante años.
En cuanto al caso de los ERE andaluces, el escandalazo afecta a altos cargos de la Junta de Andalucía, a militantes del Partido Socialista y a dirigentes sindicales y plantea, como el anterior, la duda de qué organizaciones políticas y sindicales se han beneficiado como tales de ese autentico río de dinero que salió de forma fraudulenta de las arcas públicas hacia bolsillos, particulares e institucionales, a los que no correspondía.
Pero los dos casos que hoy centran la atención de una opinión pública harta de mangancias se parecen también en otras cosas: primero, en el desvergonzadamente paralelo comportamiento de los dirigentes del PSOE y del PP que, tras ver la viga en el ojo ajeno y no en el propio, exigen a sus adversarios las mismas responsabilidades de todo tipo que, en lo que les afecta, se niegan a asumir. Por si ello fuera poco, ahora ha aparecido, de forma también paralela en los dos grandes partidos españoles, la teoría de la causa general: y es que según el inefable Carlos Floriano, del PP, y el no menos inefable Mario Jiménez, del PSOE andaluz, los sumarios que instruyen los jueces Ruz y Alaya no son otra cosa que una causa general -injusta, sectaria e interesada- contra sus partidos respectivos. Es decir, que la culpa no es de los ladrones sino de los jueces que los persiguen en cumplimiento de la ley.
Desde que estalló el caso Barcenas solo he oído a una dirigente del PP una declaración digna de aplauso: la de Arantza Quiroga, presidente popular vasca, que consideró «vomitivo» que mientras que unos se jugaban la vida otros se llenasen los bolsillos. En el caso del PSOE todavía estamos a la espera de una declaración tan clara de asco y de condena.