Con la legislación educativa ha pasado en España desde la recuperación del sistema democrático en 1977 algo parecido a lo sucedido con nuestro constitucionalismo entre 1812 y 1931: que quien se hace con el poder impone su modelo. Por eso, de la misma forma que la historia constitucional española fue la de un permanente tejer y destejer (1812, 1834, 1837, 1845, 1856, 1869, 1873, 1876, 1931), la de las leyes de educación es la historia de nunca acabar: cinco normas en 28 años (la LODE en 1985, la Logse en 1990, la LOCE en el 2002, la LOE en el 2006 y la Lomce en el 2013), lo que da una media como para estar orgullosos de los sucesivos Gobiernos nacionales: una ley cada cinco años y pico.
Habrá observado, sin embargo, el atento lector que no he escrito lo mismo sino algo parecido por una razón que no me parece irrelevante destacar: porque aunque las leyes han sido cinco, solo se han aplicado -a la espera de lo que suceda con la Lomce, contra la que ayer hubo una huelga en toda España- las aprobadas por mayorías socialistas: la LOCE impulsada por el Partido Popular y promulgada en diciembre del 2002 fue paralizada a comienzos del 2004 por el Gobierno Zapatero, que se puso de inmediato manos a la obra con su ley. Ello quiere decir que en la medida en que los vicios y virtudes de nuestro sistema educativo dependan del marco general que fija el Estado en ley orgánica, esos vicios y virtudes son, por entero, responsabilidad de los distintos Gobiernos socialistas.
En lo que el PSOE y el PP tienen sus responsabilidades repartidas es en su absoluta, incomprensible e irresponsable incapacidad, largamente demostrada, para fijar de mutuo acuerdo un marco general regulador que sirva, no para contentar a sus respectivas clientelas sindicales o políticas, sino para hacer frente a los auténticos problemas de nuestra educación, que tiene muchos y muy graves.
En lugar de ello, y más allá de las palabras rimbombantes que figuran en el título de las diversas leyes aprobadas de 1985 para acá, tanto el PP como el PSOE han preferido plasmar en sus normas educativas, negro sobre blanco, sus prejuicios ideológicos, con lo que cualquier acuerdo que dé estabilidad a un sistema muy necesitado de ella resulta poco menos que imposible.
Por eso, la historia de nuestra legislación educativa son dos en realidad. La de una gresca constante entre la izquierda y la derecha, incapaces de hacer en España en materia educativa lo que una y otra hacen en muchos países europeos con total normalidad. Y, paralelamente, la de un progresivo deterioro del sistema educativo, pese a que hoy hay más medios (aún con la crisis) que nunca antes en la historia y pese a que hoy los chavales están más presionados por el trabajo escolar que nunca antes en la historia. Para vergüenza de todos esa es, por dura que parezca, la verdad.