La llamada doctrina Parot es algo más que un error, porque, además de recurrir a un zafio e ilegal procedimiento para incrementar las penas, supone un atentado ideológico contra el sistema penal de la Constitución, que, lejos de concebir la cárcel como un instrumento para dar satisfacción a las víctimas directas o indirectas de un delito, apuesta por una concepción elevada de la reinserción, a la que todo el modelo debería estar orientado.
Pero si malo es este error, que los jueces han perpetrado a sabiendas, y en evidente connivencia con una preocupante utilización política del Código Penal, peor resulta que, lejos de reconocer la machada y solventarla rápidamente, y lejos de aprovechar el patinazo para hacer pedagogía en contra de la galopante interpretación vindicativa del castigo penal, tanto los jueces como el Gobierno -con algunas honrosas excepciones- han optado por apagar el fuego con gasolina, lamentándose de que la treta no haya funcionado, proclamando su desolación por no poder satisfacer las más elementales pasiones derivadas de un torcido enfoque de la posición de las víctimas, y sublevando a la sociedad entera contra lo que en realidad debería ser una prueba del nivel de excelencia al que han llegado la justicia penal y nuestra expresión constitucional de la misma.
Precisamente por eso, por hurgar en la basura en busca de un voto o de un vulgar reconocimiento social, tanto los jueces como los gobernantes han caído en el consiguiente error de convertir las obligadas excarcelaciones en un insoportable rosario de agravios, y, en vez de liquidar tan penoso asunto en un solo acto de justicia, nos están televisando en ochenta días de impotencia y rabia lo que presentan como una injusticia impuesta por Europa, y como un mecanismo de exaltación y difusión de las más viscerales reacciones del pueblo que los medios ilustran con entrevistas repentizadas en forma y figura de señoras que van a la compra. El último episodio de esta carnavalada fue la excarcelación -después de cumplir 21 años en el presidio- del asesino Miguel Ricart, que fue analizada por una experta profesora universitaria diciendo que es «muy comprensible» que la gente tenga sensación de miedo «a causa de la impunidad del criminal».
¿Qué proponía la experta? ¿Matarlo? ¿Olvidarse de él y dejarlo pudrir en la mazmorra como hacía Torquemada? ¿O esperar a que ocho años más de cárcel le diesen satisfacción a quien está siendo educado y motivado para analizar las penas desde sus particulares sentimientos y con la filosofía del Talión?
Hace treinta y cinco años nos dimos una Constitución avanzada. Pero algo debimos hacer mal para que 21 años de cárcel sean calificados por una experta como impunidad. Porque hasta ahí no habían llegado ni los hunos de Atila, que solo eran crueles si actuaban en caliente.