Hace años que la mayoría de los países europeos han procedido a fusionar los municipios rurales de menor tamaño y también los municipios periurbanos para hacer más eficiente la gestión de las ciudades. Las experiencias son diversas porque, como es lógico, deben adaptarse a la geografía local, a las características de cada Administración local y a la cultura política y social de cada país.
Pero hay temas tan recurrentes que pueden considerarse como recomendaciones generales: los municipios menores de 1.000 habitantes deben ser anexionados de manera obligatoria, es decir, por decreto; los municipios periurbanos que se integren deben convertirse en distritos metropolitanos, con capacidad de decidir sobre las políticas que les afectan, sobre la distribución porcentual del presupuesto y sobre la composición del nuevo gobierno supramunicipal; la integración ha de ser voluntaria, salvo casos como el citado, consultando en primer lugar a los vecinos, ya que la decisión de los grupos políticos puede ser guiada por intereses distintos a los de la vecindad; y -finalmente- debe ser pensada con visión de futuro y no solo para resolver situaciones coyunturales, porque su razón de ser va mucho más allá de la gestión de los servicios públicos obligatorios, como ahora se plantea con una visión reduccionista desde la Xunta o el Gobierno central.
El arranque debe ponerse en la opinión de la población, y si esta es favorable, es entonces cuando las instituciones pueden avanzar en el proceso. Si nos quedamos en el interés de los grupos políticos es casi seguro que, como hasta ahora, pasen los años y sigamos igual. No hay más que ver los retrocesos del Gobierno central sobre la proyectada reforma de la planta municipal y judicial ante las presiones de alcaldes y partidos en general. Al fin y al cabo es su principal yacimiento de empleo, de influencia y de poder, y por eso no les seduce el cambio.
Pero la racionalización de la gestión de las ciudades supramunicipales, y también de las posibles comarcas en el medio rural, debe apoyarse en los intereses de los ciudadanos que son los ganadores y perdedores de las posibles reformas. Es su decisión la que debería importar. Y eso es tan aplicable a las anexiones obligatorias como a las fusiones voluntarias.
Es tiempo de empezar las cosas por los cimientos y no por el tejado como se ha hecho en el único caso donde la fusión culminó favorablemente. Claro que para empezar a lo mejor había que hacerlo así, aunque no parece que el ejemplo cunda. En todos los países el tema se abordó de manera conjunta. No se puede mirar solo a los intereses de partido, ni al márketing político para exhibir la pieza fusionada como un cambio de ciclo. Hay que ser decididos y tener clara la hoja de ruta para abordar una reforma que la mayoría de la población reclama desde hace tiempo.