Maldita la gracia, pero tendría coña que el Estado tuviera que devolver 13.000 millones de euros del famoso céntimo sanitario. Las Administraciones públicas se han devanado los sesos para ver de dónde ahorraban o cómo nos sacaban un euro del bolsillo. Han retirado, por ejemplo, 10.000 millones del gasto en educación y sanidad, y llega una ventolera del Tribunal de Justicia Europeo y obliga a devolver a los ciudadanos una cantidad mayor. Todos los sacrificios impuestos para sanear las cuentas públicas se podrán ir al garete si esa sentencia se confirma.
No hay un euro para pagar a proveedores, y habría que disponer de 13.000 millones para devolver lo que nos han quitado de forma ilegal. Menos mal que las condiciones serán tan complicadas que en las ventanillas de reclamaciones pondrán un muñeco con una grabación que avisa: «Santa Rita Rita, lo que se da no se quita».
Veremos lo que ocurre al final. Hoy son posibles muchas consideraciones. La más política es esta: ¿Cuántas correcciones han hecho los tribunales europeos a decisiones españolas? Unas cuantas. Pero las dos últimas (doctrina Parot y esta) son un golpe en toda regla. Ponen en entredicho la solidez jurídica de nuestro sistema. Transmiten una imagen negativa de la seguridad de nuestro país. Y nos dejan como un Estado que aplica arbitrariamente las leyes penales y tiene mala fe a la hora de aumentar la recaudación.
La más ejemplarizante, esta otra: no se puede jugar alegremente con el dinero de los ciudadanos. Llevamos también muchos palos acumulados. En el ámbito bancario, las preferentes y las cláusulas suelo, que han arruinado a tantas familias. En el energético, los precios de las gasolinas en una práctica de picaresca que procura tener el mínimo los lunes de la inspección de la Unión Europea y los vuelve a subir cuando la inspección ha pasado. Con el recibo de la luz acabamos de sufrir el auténtico atraco de la última subasta, felizmente no consumado. Y en el ámbito de lo público, cada poco tiempo nos sorprenden con un catastrazo que hace subir el IBI. Hay comunidades autónomas donde cada consejo de gobierno aprueba una tasa o gravamen sin otra justificación que la de recaudar más. Es la avaricia de quienes tienen clientes cautivos. Y es la voracidad fiscal, gran pasión de las haciendas estatal, autonómicas y locales. La técnica del exprimidor.
Desde ese punto de vista, se agradece el severo toque de atención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estoy convencido de que, si hubiera más reclamaciones de particulares en esa instancia judicial, las Administraciones públicas perderían más pleitos. Lo triste es que haya que acudir a tribunales internacionales para defender nuestros intereses.